Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, será sancionado penalmente por las autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en una red de huachicol vinculada a Pemex, reveló el analista Simón Levy en entrevista con el periodista Salvador García Soto durante su noticiero A la una, transmitido por radio y disponible en YouTube.
“Hay testimonios, hay documentos de personas muy cercanas a él, en donde ya hay denuncias muy concretas por los negocios turbios, particularmente en Ensenada”, afirmó Levy. Indicó que la implicación penal de López Beltrán en EE.UU. ya está en curso y va más allá del robo de hidrocarburos, al estar también relacionado con casos como el de agronitrogenados y el de Emilio Lozoya.
Levy aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera de México ya reportó movimientos sospechosos relacionados con tres bancos y que la investigación ha sido retomada por autoridades estadounidenses. “Ya hay una incriminación penal… es un tema que ya está catalogado como terrorismo”, sostuvo.
En la entrevista también se señaló la ausencia prolongada de López Beltrán del ámbito público desde el 5 de junio, cuando apareció en una transmisión sobre las elecciones en Durango. Desde entonces, ha eliminado su presencia en redes sociales, lo que, según Levy, coincide con las primeras revelaciones sobre su caso.
Además, se mencionó que Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial, también estaría siendo investigado por sus presuntos vínculos con grupos radicales extranjeros. Según Levy, habría evidencia de su participación en manifestaciones coordinadas por células ligadas a Hamás y al régimen iraní, lo cual habría motivado acciones de inteligencia por parte de EE.UU.
Levy también afirmó que existe una lista de 300 mexicanos que están siendo considerados personas non gratas en Estados Unidos, en la que habría políticos, empresarios, deportistas y artistas, y que varios ya han perdido su visa sin que se haya hecho público.
En cuanto al impacto bilateral, el analista señaló que, pese a las quejas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum, existe una cooperación directa entre su gobierno y las autoridades estadounidenses, particularmente en temas de inteligencia financiera y control aduanero.
Finalmente, Simón Levy adelantó que cuatro gobernadores mexicanos estarían por colaborar con Estados Unidos en calidad de testigos a cambio de evitar ser procesados por delitos relacionados con el narcotráfico.
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