Es imposible que el crimen organizado se haya extendido por todo México, como lo ha hecho, sin el conocimiento ni, en muchos casos, la complicidad de autoridades de distintos niveles.
Por ejemplo, para importar los precursores químicos con los que se fabrican las drogas sintéticas –en los narcolaboratorios que, súbitamente, están siendo descubiertos en varios estados–, hace falta que funcionarios a cargo de las aduanas y de la vigilancia de las carreteras se hagan de la vista gorda.
O para poder traficar combustible en grandes volúmenes, ya sea tomándolo de los ductos de Pemex o trayéndolo de Estados Unidos sin pagar derechos de internación, se requiere de la colaboración de muchos servidores públicos, a los que hay que hacer parte de estos lucrativos negocios ilícitos.
Lo mismo para extorsionar negocios, enganchar a personas para explotarlas laboral o sexualmente, asaltar el transporte de carga, importar y vender armamento de grueso calibre, blanquear dinero, ordeñar las arcas públicas y cualquier otro giro de la delincuencia organizada ya conocido. En todos esos casos, la participación de las autoridades es indispensable para que funcione la empresa criminal.
¿O por qué cree que en pleno Zócalo, a unos pasos de Palacio Nacional, se pueden comprar paquetes robados a compañías de mensajería? ¿Piensa usted que eso pasa desapercibido para los representantes de la ley?
Las acciones que ha ido realizando el gobierno de EU van a terminar irremediablemente en la revelación de los nexos entre autoridades mexicanas y el crimen organizado.
Probablemente a Washington no le importe lo que sucede a nivel municipal, en lugares donde los delincuentes ponen a un alcalde o asesinan a otro para asegurar su dominio económico a nivel local. Ése es problema de los mexicanos.
Sin embargo, si el negocio ilícito impacta en la vida de los estadunidenses, es otra cosa. Si las organizaciones que trafican drogas hacia la Unión Americana –particularmente fentanilo y metanfetamina– han contado con la protección de autoridades mexicanas, ahí sí van a actuar. Lo mismo si, en esa connivencia, usan el territorio o el sistema bancario de EU para financiar sus actividades ilegales, como aparentemente sucede con el contrabando de combustibles.
El círculo en torno de los funcionarios mexicanos que permiten esos negocios negros se ha ido cerrando. El envío de 29 grandes capos a EU para ser procesados por la justicia de ese país quizá haya aligerado la presión, pero, eventualmente, incrementará el apetito por ver a servidores públicos tras las rejas, pues esos líderes criminales son una mina de información para los fiscales de allá. Los acuerdos que se negocian con los hijos de El Chapo Guzmán y los que se pactarán con El Mayo Zambada van a arrojar señalamientos cada vez más concretos sobre quiénes han hecho posibles los señoríos de la delincuencia, que abarcan vastos territorios en México.
Zambada ya ha dado pistas de lo que sabe. En las cartas que ha escrito desde que fue trasladado a EU, hace casi once meses, ha dejado ver los alcances de sus relaciones con autoridades y ha dicho que su caso podría hacer “colapsar” la relación bilateral. Ha insinuado que él no quiere hablar, pero tendrá que hacerlo si su vida va de por medio. Enfrentado a la pena de muerte, ha decidido colaborar con los fiscales. Y es mucho, muchísimo lo que sabe. Se entiende que procesar a compañeros de partido no es fácil. Seguramente se corre el riesgo de que revelen la profundidad de la corrupción. Además, se exhibiría que la pretendida moral del “movimiento transformador” es un discurso hueco.
Pero puede ser que no quede de otra, y que la resistencia a cumplir con las exigencias de Washington sólo sirva para posponer lo que se va a saber tarde o temprano. Puede ser por una filtración a la prensa o, como advirtió Zambada en su carta de febrero, que se repita lo que pasó con él.
Quizá lo que aún se pueda negociar es quién será el inmolado en el altar estadunidense, pero las señales son suficientemente claras. Ya no bastan los desmantelamientos de narcolaboratorios vacíos. Allá quieren ver a un político preso. O lo destapa México o lo harán ellos.