HAN PASADO DOS meses desde que Christopher Landau, en comparecencia en el Senado estadounidense, se comprometió a resolver el conflicto que existe desde hace tres años entre Vulcan Materials y el gobierno de México por la operación de Calica en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Landau amagó diciendo que si a México le interesaba continuar con el tratado comercial, el conflicto con la empresa que preside Tom Hill tenía que darse por terminado favorablemente para la estadounidense.
A lo largo de estas semanas, el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado dudoso de cómo desactivar la bomba heredada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un extremo están los duros, con Alicia Bárcena al frente, la secretaria del Medio Ambiente, que vía la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que encabeza Mariana Boy, busca revivir las demandas por daño medioambiental, aunque para eso sea necesario fabricar nuevas pruebas en contra de Vulcan, lo que sería escandaloso.
En el otro extremo están el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que ha sumado el apoyo de Altagracia Gómez, la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, que insisten en una salida negociada.
Es lo más sensato, tanto para concluir el arbitraje internacional en el que los privados demandaron al Estado mexicano por más de mil 500 millones de dólares, como también para dar certeza a inversiones comerciales de Estados Unidos en nuestro país.
Las huestes de Ebrard están convencidas de que tanto el cierre de operaciones, ejecutado por la Secretaría de la Defensa, entonces al mando de Luis Cresencio Sandoval, en mayo de 2022, como la declaratoria de área natural protegida de López Obrador, que derivó en la cuasi expropiación en septiembre de 2024 de cerca de dos mil hectáreas, más una terminal marítima, estuvo llena de irregularidades.
Ayer miércoles, Sheinbaum sostuvo la reunión con Landau y, de entre todo lo que se debió hablar, inmigración, seguridad, fentanilo, remesas, armerías, aranceles, también pudo tener una postura sobre Calica, si es que no se quiere poner más presión en la relación bilateral, máxime porque Vulcan cuenta con todo el apoyo republicano del presidente Donald Trump.
SIN NINGÚN ACUERDO concluyó la reunión del lunes en la Secretaría de Gobernación entre los ahorradores defraudados de CAME, representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y los accionistas mayoritarios y fundadores de Te Creemos, controladora de esa sociedad financiera popular que dirige Pablo Varela, a un tris de ser intervenida por el regulador que preside Jesús de la Fuente.
El foco está en unos 665 clientes que no van a poder ser cubiertos por el Fondo de Protección al Ahorro por haber tenido inversiones superiores a los 211 mil pesos. Ellos, representados por un grupo de 10 que encabeza Lizbeth Morales Rhode y el abogado Edward Regalado, asistentes a las reuniones, son los que están ejerciendo acciones legales contra la CNBV y el Estado por no haber evitado los desfalcos que, desde 2021, ya se visualizaban; después, en noviembre de 2024, cuando se denunció el caso, y todavía en febrero de este año, cuando la Comisión debió actuar.
En la reunión ante la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, fueron severamente cuestionados los abogados de Ritch Mueller, Luis Nicolau y Héctor Cárdenas, representantes de Creation Investments y PC Capital, los fondos dueños de CAME y Te Creemos a los que se señalan como beneficiarios del desvío de unos mil 700 millones de pesos, que es la suma del quebranto.
ESTE MARTES LA Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que capitanea Jesús Esteva, recibió ofertas para la construcción de un par de puentes vehiculares, uno en la autopista México-Puebla, y otro en la vía México-Peñón Texcoco. La postura más baja fue la de GAMI Ingeniería, de Manuel Muñozcano, que ofertó 858 millones 497 mil pesos, números redondos incluyendo el IVA. Continuó Cemex, que preside Rogelio Zambrano, con prácticamente el doble: mil 694 millones 842 mil pesos. Le siguieron Gremial Construcciones, con mil 791 millones 580 mil pesos; González Soto y Asociados, con mil 843 millones 566 mil pesos; ESMA Instalaciones, con mil 928 millones 322 mil pesos; HH & Asociados-DC Grupo Constructor, con dos mil 62 millones 20 mil pesos; DCC Constructora, con dos mil 196 millones 410 mil pesos, y Aguipa Arquitectura con 2 mil 280 millones 958 mil pesos.
PÉREZ-LLORCA, el afamado bufete que comandó Pedro Pérez-Llorca, acaba de sumar a su cuerpo de profesionales a María Elena Huerta y Antonio González, para reforzar su área de Litigación y Arbitraje. El fichaje llega en momentos en que las empresas internacionales con operaciones en México tratan de pertrecharse más por la reforma al Poder Judicial, cuyos resultados no auguran un Estado de Derecho imparcial, por lo que buscarán fijar jurisdicciones fuera del país para dirimir juicios.
Ahí está el caso, precisamente, de Vulcan Materials. La llegada de Huerta y González se enmarca en la estrategia de crecimiento internacional de Pérez-Llorca, consolidando la oficina de la CDMX como parte fundamental de su proyecto global. En menos de un año, Pérez-Llorca ha sumado a 10 nuevos socios en áreas estratégicas y registró un crecimiento mundial de 33% en 2024, tras haber fusionado, como le informamos en diciembre, a la firma González Calvillo, de Enrique González Calvillo. Hace unos días recién anunciaron su expansión a Colombia, luego de lograr un acuerdo de asociación con Gómez-Pinzón.
GRUPO MÉXICO TRANSPORTES (GMXT) es otra que se deslistará de la Bolsa Mexicana de Valores. Lo propondrá en una Asamblea de Accionistas a realizarse el próximo 27 de junio. La idea de la empresa filial del Grupo México es lanzar una oferta pública para recomprar cerca de 4% de sus títulos que circulan entre el público inversionista. La intención de la dueña de Ferromex y Ferrosur es quitarse el yugo regulatorio que le imponen los accionistas minoritarios y tener mayor flexibilidad para la toma de decisiones corporativas. Y es que los dos principales accionistas de GMXT son los magnates Germán Larrea y Carlos Slim. Otra razón para deslistarse es que el mercado bursátil tiene subvaluado el valor real de la compañía, razón que ha llevado a otras firmas como Grupo Lala, BioPappel, Banco Santander, Rassini, IEnova y Aeroméxico a dejar el mercado bursátil.
EL ESTADO DE Baja California, que gobierna Marina del Pilar Avila, logró colarse en el presente año entre los cinco estados con mayor autonomía financiera de la República Mexicana, al integrar su presupuesto de más de 86 mil millones de pesos con 23% de recursos propios. En 2021 este indicador para la entidad apenas rebasaba 10%, lo que representaba prácticamente una quiebra, pero los esfuerzos de recaudación le han permitido colocarse cerca del nivel de economías como las de Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León y CDMX.