EL GOBIERNO DE la presidenta Claudia Sheinbaum parece haber tomado la decisión de aplicar lo que hace años atrás nadie se ha atrevido a hacer: un “Pemexproa”.
Desde hace meses la opción para remediar de raíz la crisis financiera y operativa de Pemex ha estado en la mesa. Rogelio Ramírez de la O nunca se arriesgó a convertir la deuda de Pemex en deuda pública.
Y es que hacerlo sin el consenso de las calificadoras y con el respaldo de bancos y operadores de fondos, principales tenedores de los bonos de la petrolera, el efecto puede ser contraproducente.
Si bien el costo financiero bajaría significativamente rápido, las tasas de interés podrían dispararse y la deuda soberana y el déficit fiscal elevarse, si no se acompaña de un plan sostenible y eficaz.
Sin embargo, los secretarios de Hacienda, Edgar Amador, y de Energía, Luz Elena González, salieron el jueves pasado de una reunión en Palacio Nacional con esa instrucción: aplicar el “Pemexproa”.
Dado que Pemex no tiene cómo salir, Hacienda tendrá que asumir buena parte de su deuda. “Es la última oportunidad para que la empresa dé luz a mejores resultados”.
La mandataria urgió a Amador Zamora y a González Escobar a elaborar un plan de negocios en Pemex totalmente nuevo, en el cual no participará su actual director, Víctor Rodríguez Padilla.
El gobierno absorbería 50 mil millones de dólares de los 101 mil millones, bajando la tasa de golpe de 12 puntos que el mercado paga por el papel de Pemex a cerca de 4, que paga por el papel de deuda pública.
En el mercado hay, cuando menos, 120 mil millones de dólares de bonos de Pemex que requerirían ser recomprados en una estrategia que no se antoja fácil, sobre todo si no existe un plan previo.
Fitch Ratings, que lleva Carlos Fiorillo; Standard & Poor´s, al mando de María Consuelo Pérez Cavallazi, y Moody´s que dirige Carlos Díaz pueden castigar la deuda si el gobierno no procede con cautela.
Convertir a deuda pública alrededor de 50% de la deuda financiera de Pemex tendría que venir acompañada de otras decisiones igualmente de fondo, como parece ser se ha animado a hacer Sheinbaum.
Una podría ser el inicio de la eliminación de la carga financiera que implica un vetusto, ineficaz y oneroso sistema de refinación que le cuesta al país más de 600 mil millones de pesos al año.
Esa propuesta también ha estado en la mesa de las Secretarías de Hacienda y de Energía desde hace muchos meses atrás, sin que nadie del gobierno de la 4T tampoco se atreva a dar el primer paso hacia adelante.
¿Habrá llegado ya el momento?
GRUPO ELEKTRA CALIFICÓ el viernes la resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que le negó el amparo, de “ilegal”, al tiempo que denunció expone un sistema de justicia sometido a una agenda e intereses políticos. “Esta decisión muestra una de las consecuencias más graves de la farsa electoral judicial: resoluciones guiadas por intereses y presiones políticas”. Acusó que los magistrados Ana María Ibarra Olguín, Yaremy Patricia Penagos Ruiz y Alfredo Enrique Báez López omitieron considerar impedimentos procesales debidamente planteados, confirmaron y exhibieron su alineación con un proyecto político, dejando de lado los derechos de los contribuyentes y abriendo la puerta al uso político de la justicia. “Es ilegal, pues omiten intencional y dolosamente lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2012, año en que se originó el crédito fiscal; viola el debido proceso al negar el amparo en lugar de remitir el asunto a un tribunal distinto, como correspondía, ante la existencia de impedimentos procesales”. El grupo de Ricardo Salinas afirma que el sesgo del tribunal “confirma un patrón alarmante: aún con pruebas claras de ilegalidad, la postura que prevalecerá será favorecer al SAT, legitimando abusos y permitiendo cobros abusivos y arbitrarios”.
OTRAS QUE TAMPOCO son bien vistas en el Departamento de Estado, que capitanea Marco Rubio, son la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. La razón es por lo que consideran allá como el respaldo a una abierta violación a la propiedad privada e intereses de Estados Unidos por el caso del aseguramiento de la terminal marítima de Punta Venado y unas dos mil hectáreas de Calica, en Playa del Carmen. Bárcena y Lezama, al igual que la entonces secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, y los de Marina y Defensa Nacional, José Rafael Ojeda y Luis Cresencio Sandoval, respectivamente, estarían en la misma situación por el caso de Vulcan Materials.
HOY COMIENZA EL periodo extraordinario del Congreso. La agenda que se procesará al vapor es variada e incidirá en distintos ámbitos de la vida y la economía del país. Por lo pronto está programada la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y con ella la cuenta regresiva para la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se prevé que funcione sólo 30 días después de la publicación para que en agosto arranque la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que lleva José Peña Merino, como nuevo regulador. Heredará el litigio, y no un expediente pendiente de resolverse, de Telcel y Oxxo. Trascendió que los comisionados encabezados por Javier Juárez Mojica tocaron base con el equipo de Peña Merino, quienes habrían dado luz verde para la multa de mil 782 millones de pesos al grupo de Carlos Slim y de 40 millones al de José Antonio Fernández Carbajal.