LA EMBOTELLADORA DE agua Niágara Bottling comenzó a incomodar a sus competidores.
Y no porque su dueño, Andy Peykoff, sea un gran estratega de ventas, sino por los reveses judiciales que acumula y que deja muy mal parada a la industria del agua embotellada.
La firma norteamericana se instaló en el Estado de México en 2019, en tiempos de Alfredo del Mazo Maza, y desde entonces diversos sectores campesinos emprendieron acciones legales para frenarla.
Los grupos agrarios alegan que el inicio de operaciones de la planta embotelladora generó una disminución cuantitativa preocupante en los pozos de agua de los núcleos poblacionales aledaños.
Si bien, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que encabeza Efraín Morales, afirma que el permiso otorgado es válido y no pone en riesgo la disponibilidad del agua, existen otros datos.
La Jueza Cuarto de Distrito en el Edomex, Pamela López Swain, opina lo contrario.
Al resolver un amparo promovido por el campesinado, la togada federal destacó que el permiso obsequiado por la Conagua a Niágara sí afecta preponderantemente la disponibilidad del agua en la región.
La juzgadora de Naucalpan concluyó que la extracción que realiza la multinacional, por la escandalosa cantidad de casi tres mil millones de litros, ha impactado dramáticamente las recargas de los acuíferos.
Lo relevante es que la sentencia sentó un precedente que ha motivado al sector campesino mexiquense a emprender nuevos amparos contra otras embotelladoras de agua y refresqueras.
Le mencionamos que quien ahora tendrá que defender la legalidad de sus operaciones de extracción de agua es Coca-Cola Femsa, que dirige Ian Craig, dueña del agua Ciel.
El colectivo agrario enfiló todas sus baterías contra la planta de Toluca, la más grande del mundo, y que extrae la nada despreciable cantidad de dos mil millones de litros anuales.
Lo crítico es que hablamos de una zona del densamente poblado Valle de México que se encuentra en veda desde la década de los años 60 por la extrema escasez del vital líquido.
Al frente de este nuevo juicio estará la Jueza Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, Diana Abraján Peña.
La togada federal no sólo admitió la demanda, sino que además le solicitó a su par, la jueza López Swain, que le diera acceso a la sentencia condenatoria de Niágara Bottling.
Esta primera acción de la juzgadora de Toluca podría interpretarse como un preludio del resultado del juicio contra Coca-Cola, la transnacional de Atlanta que preside James Quincey.
En ese contexto, la jurisprudencia sentada contra la embotelladora Niágara se ha convertido en la bandera que enarbolan los grupos opositores al acaparamiento del agua por la industria de bebidas.
Circunstancia que no pasa inadvertida para Danone, que dirige Silvia Dávila, con Bonafont; Nestlé, que preside Fausto Costa, con Pureza Vital, y PepsiCo, que capitanea Paula Santilli, con E-pura y Aquafina.
Todas podrían pasar de ser vistos como un importante y respetable sector económico industrial a un cártel del agua, el cual lucra con la escasez en las zonas más pobres del país.
Niágara tiene una última oportunidad de revertir este peligroso precedente, pues el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito revisará la sentencia de primera instancia.
Si el tribunal confirma la sentencia, se va a integrar la jurisprudencia obligatoria para el resto de togados en el Estado de México.
De revocarse, el sector respiraría con alivio. En ambos escenarios, campesinos y empresarios tienen todo que perder o mucho que ganar.
LAS ACUSACIONES DE la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua, al mando de Abelardo Valenzuela, contra la empresa López Elías Finanzas Públicas, se fundamentan en una serie de acusaciones falsas que muestran inconsistencias jurídicas, contradicciones técnicas y manipulación del proceso legal. Del presunto delito de peculado por el desvío de recursos públicos por un monto de 98.6 millones de pesos, relacionados con el refinanciamiento de la deuda pública del estado en 2019, se establece que en la carpeta de investigación de la propia Fiscalía Anticorrupción, que la firma no fue contratada por el gobierno de Javier Corral sino por Banregio, de Manuel G. Rivero Santos, seleccionado en el marco del refinanciamiento autorizado por el Congreso del Estado. Esto invalida la acusación en el sentido que el exgobernador de la entidad y su secretario de Hacienda, Arturo Fuentes, se coludieron con un ente privado en un proceso público que según la Fiscalía nunca existió, ni el despacho participó, y que involucró a distintos organismos e instituciones. Por lo anterior, no es posible configurar el delito de peculado en contra del despacho de Pedro López Elías, pues se trata de un tercero y no de un funcionario público, además de que el recurso con el cual se pagó el servicio provino de la institución bancaria que llevó a cabo el proceso. Otra acusación sostenida por la Fiscalía es que el bufete López Elías es una “empresa fantasma”. Sin embargo, la firma se encuentra constituida desde 2003 en la CDMX, inscrita en el SAT de Antonio Martínez Dagnino, y en el IMSS de Zoé Robledo, con estructura, domicilio, empleados y operaciones documentadas, además de tener un largo historial en prestación de servicios financieros a entidades públicas y privadas.
EN ZACATECAS SE vino abajo la construcción del viaducto elevado que impulsaba el gobierno de David Monreal, luego del otorgamiento de nueve suspensiones definitivas y provisionales por jueces federales que recibieron hasta 14 amparos de organizaciones ciudadanas. Para la controversial obra ya se había dado un adelanto de 547 millones de pesos a Grupo Hycsa, de Alejandro Calzada, con quien ahora se tendrán que sacar cuentas para analizar posibles devoluciones. Por el conflicto legal sólo se había avanzado en el proyecto ejecutivo, en obras preliminares de las líneas de agua potable en el bulevar y en algunas perforaciones de cimentación. En el nuevo contexto, gobierno y proveedora están obligados a dejar todo como se encontraba.
CON ALGUNOS MESES de retraso, pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que lleva Diego Prieto, logró entregar, en estos primeros días de junio, el contrato para la vigilancia de este año de sus múltiples inmuebles en 27 entidades. Por un monto máximo superior a los 229 mdp, el adjudicado para el servicio fue la dupla SSS Asistencia y Supervisión y Sistemas Prácticos en Seguridad Privada. El contrato, en el que también se otorgó una pequeña partida a Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, es para brindar por 13 millones de pesos seguridad a los inmuebles del INAH en Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas.