La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá en los próximos días el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró violatoria de derechos fundamentales la prisión preventiva oficiosa en México. Esta resolución, emitida hace dos años en el caso García Rodríguez vs. México, ordena reformar la Constitución para que esta medida cautelar no sea automática, sino que requiera justificación judicial.
El debate llega en un contexto político marcado por las reformas constitucionales de 2024 impulsadas por el Poder Ejecutivo, conocidas como parte del llamado “Plan C”, que ampliaron el uso de la prisión preventiva oficiosa y eliminaron el control judicial sobre reformas a la Carta Magna. Esto ha generado que la SCJN enfrente una disyuntiva: respetar los tratados internacionales suscritos por México o avalar las reformas que colocan al país en una condición de desacato internacional.
A la fecha, ninguna instancia del Estado mexicano ha dado cumplimiento a la sentencia internacional, y diversas autoridades han manifestado abiertamente su rechazo, argumentando que representa una injerencia externa. Entre los órganos que han apoyado esta postura están las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa, Marina y Seguridad Ciudadana; la Fiscalía General de la República; la CONAGO; y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), esta última a pesar de haber criticado anteriormente la figura.
Durante las últimas administraciones, la prisión preventiva oficiosa ha sido defendida como un pilar de la política de seguridad, a pesar de que permite la detención sin acusación formal durante meses o incluso años. Organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana han señalado esta medida como contraria al debido proceso.
El contrato de la prisión preventiva se ha convertido en una herramienta punitiva sin un diagnóstico efectivo sobre sus resultados. También ha generado prácticas de extorsión por parte de autoridades encargadas de investigar y perseguir delitos. Según el fallo internacional, el uso sistemático de esta figura vulnera los derechos humanos y viola obligaciones asumidas por el Estado mexicano.
El tema será resuelto por la nueva integración del Pleno de la Suprema Corte, cuya mayoría ha sido señalada por analistas como cercana al oficialismo. La decisión que adopte el Máximo Tribunal marcará el rumbo de la justicia constitucional y del respeto de México a las sentencias internacionales.
El pronunciamiento de la Corte está pendiente desde abril, luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia solicitó que el nuevo Pleno analizara el caso.
