El Tren Maya, una de las obras prioritarias del gobierno federal, requirió en 2024 un subsidio equivalente a 10 mil 700 por ciento, al recibir 29 mil 912 millones de pesos del erario público frente a solo 276 millones de ingresos propios, según la Cuenta Pública de ese año.
Las ganancias generadas por el tren, principalmente por la venta de boletos, productos y renta de espacios en estaciones, no alcanzaron ni para cubrir los 498.2 millones de pesos destinados al pago de salarios de mil 700 empleados.
Para 2025, la expectativa es que el proyecto gaste 827 millones de pesos en sueldos y 680 millones en operación, mientras que prevé obtener ingresos por la misma cifra de 680 millones de pesos. Aun así, el subsidio autorizado hasta ahora asciende a 40 mil 827 millones de pesos, lo que equivale a 60 pesos de apoyo federal por cada peso de ingreso propio, aunque la cifra podría modificarse.
El director general de la empresa Tren Maya, David Lozano Águila, reconoció el pasado 16 de mayo que el servicio de pasajeros no será suficiente para lograr la autosuficiencia financiera, y que esta sólo podría alcanzarse con el inicio del transporte de carga, el cual aún no opera.
Hasta el 7 de abril, el Tren Maya había transportado un millón de pasajeros en un periodo de aproximadamente 15 meses desde finales de 2023, lo que representa un promedio diario de 2 mil usuarios.
En 2024, 13 mil 203 millones de pesos del subsidio federal se destinaron a obras aún pendientes, sin que se haya revelado oficialmente el costo total del proyecto, ya que fue clasificado como información reservada. Los reportes financieros de la Secretaría de Hacienda tampoco incluyen estos datos.
El pasado 28 de febrero, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) realizó la entrega oficial de los activos del Tren Maya a la paraestatal militar Gafsacomm y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El valor total de los bienes transferidos fue de 470 mil 428 millones de pesos, de los cuales 396 mil 843 millones corresponden a construcciones.
La entrega fue originalmente ordenada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para el 31 de diciembre de 2023, pero la fecha fue modificada dos veces debido a trámites pendientes, otorgando una prórroga final de seis meses adicionales.