El actual periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que arrancó el lunes 23, ha marcado un hito en la estrategia de seguridad pública del gobierno federal.
Una vez que concluya el proceso de aprobación de las reformas legales que otorgarán nuevas y amplias atribuciones a la Guardia Nacional y a otras áreas gubernamentales, el Ejecutivo federal tendrá, sin lugar a dudas, todas las herramientas que ha venido solicitando para combatir el delito. Así que ya no habrá pretextos para no dar resultados contundentes en materia de seguridad.
Es crucial recordar el camino que nos ha traído hasta aquí. Antes de 2018, Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, entonces en la oposición, eran férreos críticos del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Su discurso se centraba en la necesidad de desmilitarizar la lucha contra el crimen y modificar la realidad social mediante políticas públicas asistencialistas. Con eso sería suficiente para acabar con la inseguridad, aseguraban. Sin embargo, una vez en el poder, esa posición se transformó radicalmente.
Ya siendo Presidente, López Obrador envió al Congreso una iniciativa para crear la Guardia Nacional, un cuerpo que, en un principio, fue presentado y apoyado por la oposición bajo la promesa de que sería de carácter civil. No obstante, el tiempo demostró una insistencia por parte del Ejecutivo para encuadrarla bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, una intención que finalmente se materializará en la ley.
Las facultades otorgadas a la Guardia Nacional son amplias y diversas. Ahora, este cuerpo de seguridad podrá realizar investigaciones e intervenir comunicaciones privadas. Además, se le permitirá acceder a datos sensibles y realizar geolocalización en tiempo real para la prevención de delitos, así como para desarrollar y supervisar fuentes de información en la sociedad y utilizar perfiles simulados en investigaciones, incluso en redes sociales. Las operaciones encubiertas también formarán parte de su arsenal.
Adicionalmente, otras áreas del gobierno federal, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia, tendrán amplias facultades para acceder a bases de datos personales, y se contempla la creación de una plataforma nacional para coordinar toda la información de seguridad pública. Asimismo, se podrán suspender fondos a estados y municipios que incumplan los acuerdos.
Estas atribuciones, impensables para la antigua izquierda mexicana, reflejan una apuesta total por la inteligencia y la capacidad de reacción del Estado. Qué lejos quedaron los tiempos en los que se decía que bastaba con “atender las causas”. Al oficialismo de hoy le parecen atractivos los usos y costumbres de regímenes autoritarios.
Es cierto que, de acuerdo con cifras oficiales, se observa un ligero descenso en el número de homicidios y otros delitos. Sin embargo, la inseguridad sigue siendo un pendiente muy urgente y una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. El temor en las calles, los asaltos, las extorsiones y la violencia persistente son una realidad innegable en gran parte del país. En poco menos de nueve meses de este gobierno, ya se han rebasado los 20 mil homicidios dolosos y las 10 mil desapariciones.
Con este nuevo andamiaje legal y la legitimación de la participación militar en tareas de seguridad pública –aprobados incluso en detrimento de muchas libertades–, el gobierno federal ha conseguido todas las herramientas que ha solicitado, una por una, incluyendo peticiones que venían del periodo anterior.
Ya no hay pretextos. Si después de contar con estas facultades sin precedentes, la inseguridad en México persiste en un grado importante, no quedará más remedio que cuestionar si el problema es de incapacidad para ejecutar las estrategias o, aún peor, de complicidad.
Seguir culpando al pasado para explicar la realidad siempre será una opción discursiva, desde luego, pero cada vez menos personas lo creerán. La sociedad mexicana espera y exige resultados. Es tiempo de que el gobierno cumpla.