La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir una nueva Ley de la Guardia Nacional (GN), con la que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumiría el control de operaciones y funciones de inteligencia de este cuerpo de seguridad. La propuesta contempla reformas a ocho leyes y códigos, y será discutida en un periodo extraordinario previsto del 23 al 30 de junio.
Según el proyecto, la Sedena supervisará las tareas de seguridad pública que realice la GN y podrá auxiliar a autoridades de los tres niveles de gobierno que soliciten su apoyo. Además, se establece que la Secretaría podrá “generar, operar, procesar y utilizar información en materia de seguridad nacional”, así como desarrollar productos y servicios de inteligencia.
La iniciativa detalla que estos servicios deberán identificar y atender riesgos a la integridad y estabilidad del Estado mexicano, y que también podrán ser utilizados para apoyar al Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República en el ejercicio de sus funciones penales federales.
Se propone que la Guardia Nacional sea una fuerza de seguridad pública profesional y permanente, compuesta por personal militar con formación policial y personal civil de confianza.
Uno de los aspectos más controvertidos es que la GN podría llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la investigación preventiva del delito, así como investigaciones bajo la conducción del Ministerio Público. Estas acciones ya habían sido declaradas inválidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 25 de abril de 2023.
El proyecto también contempla que la GN pueda recabar información en espacios públicos para generar inteligencia preventiva, usando los medios o herramientas que considere necesarias. No obstante, se aclara que los datos obtenidos con afectación a derechos humanos no tendrán valor probatorio.
En el plano judicial, se indica que la Sedena nombrará a los integrantes del Tribunal Superior Militar por acuerdo de la presidenta de la República. Además, se establece una sanción de cinco años de prisión para el personal militar que conspire para cometer el delito de traición.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia, presidida por el morenista Julio César Moreno.