Los contratos otorgados a las empresas españolas Acciona, AZVI e Ineco para la construcción del Tren Maya acumulan señalamientos de irregularidades en México, a pesar de que dichas compañías también están involucradas en el llamado “Caso Koldo”, un escándalo de corrupción que actualmente se juzga en España.

AZVI, en consorcio con Grupo Indi, firmó en 2020 un contrato por 10 mil 192 millones de pesos para el Tramo 3 del Tren Maya, el cual se disparó a más de 23 mil 114 millones para 2023, según datos oficiales. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un presunto desfalco de 65.4 millones de pesos, entre los que destacan pagos por protección arqueológica sin hallazgos del INAH y obras inexistentes en estaciones como Izamal, Mérida, Maxcanú y Tixkokob.

Ineco, empresa pública española, obtuvo en 2020 una adjudicación directa por 390 millones de pesos, en consorcio con una firma alemana, para realizar estudios técnicos del tren. La contratación fue justificada por el entonces titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, quien aseguró que una licitación previa fue declarada desierta.

En enero de 2021, Acciona y Grupo México ganaron un contrato por 15 mil 358 millones de pesos para el Tramo 5 Sur del proyecto, de Playa del Carmen a Tulum. Una auditoría posterior reveló que su propuesta no era la más económica y que tampoco cumplía con requisitos técnicos exigidos a otros concursantes, como la volumetría de losas pilotadas.

La ASF también documentó un posible daño al erario por 9.2 millones de pesos debido a intereses generados por pagos anticipados no justificados. Las obras de este tramo arrancaron sin contar con un estudio de impacto ambiental, por lo que fueron detenidas en varias ocasiones por amparos judiciales y modificaciones en la ruta.

Ante los retrasos, el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló el contrato con el consorcio y entregó el tramo a la Secretaría de la Defensa Nacional, con un finiquito estimado en 5 mil 300 millones de pesos, una tercera parte del contrato original.

En España, Víctor de Aldama, presunto operador del “Caso Koldo”, declaró haber recibido 18 mil euros en sobornos de AZVI por contratos de obra. La empresa ha negado dichas acusaciones.