El primer lunes hábil de 2023, tres semanas después del atentado en mi contra, el secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch, me citó en su oficina. Lo acompañaban dos mandos, uno de ellos, el coordinador de Operaciones Especiales, Milton Morales (quien sería asesinado año y medio después).

Me explicaron el método y la tecnología que emplearon para identificar a las personas que me habían atacado, delinearon el contenido de las conversaciones telefónicas interceptadas, describieron cómo los siguieron, uno a uno, y desmenuzaron los errores de la célula de ejecución.

Me garantizaron que todos estaban localizados y a un paso de ser detenidos.

Dos días después, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la captura de 12 personas que participaron en lo mío, más tarde se informaría de la aprehensión del Bart y la existencia de un tal Patrón. Por eso me cuesta sumarme a las críticas de quienes acusan que las reformas aprobadas por los diputados para fortalecer las facultades y funciones de investigación de la Secretaría de Seguridad del gobierno federal son una flagrante violación a los derechos ciudadanos.

¿Queremos una policía eficaz? No me gusta que la policía escarbe mis registros. Tampoco que nueve de cada diez crímenes ni siquiera se comiencen a investigar