El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, solicitó al Congreso del estado establecer foros de análisis para revisar la recién aprobada Ley de Ciberseguridad, conocida por sus críticos como “Ley Censura”, luego de las fuertes críticas de activistas, defensores de derechos humanos y legisladores de oposición.

En un comunicado, Armenta pidió a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso poblano, Laura Artemisa García Chávez, convocar a mesas de trabajo con participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, periodistas, asociaciones de padres de familia, organizaciones civiles y colegios de abogados, con el fin de analizar particularmente lo relacionado con el ciberacoso.

“Siempre con el propósito de proteger los derechos humanos universales con el mayor consenso posible”, expresó el mandatario.

En respuesta, García Chávez anunció que a partir de esta semana iniciarán los trabajos legislativos bajo el formato de Parlamento Abierto, a fin de evaluar el impacto de la ley y garantizar tanto la libertad de expresión como la responsabilidad ciudadana.

La Ley de Ciberseguridad, que entró en vigor el viernes pasado, establece penas de hasta tres años de prisión por emitir insultos u ofensas a través de redes sociales, lo que generó preocupación entre organizaciones por su posible uso como instrumento de censura.

Pese a la solicitud de revisión, Morena y sus aliados —PT, PVEM, Fuerza por México y Nueva Alianza— defendieron el ordenamiento en un comunicado, donde rechazaron que se trate de una ley represiva. “Libertad de expresión sí, injurias desde el anonimato no”, argumentaron.

El Gobernador había defendido públicamente la legislación un día antes, durante un acto en Paseo Bravo, asegurando que su objetivo era proteger a la población de actividades ilícitas.

La ley fue aprobada el jueves pasado en el Pleno del Congreso local, avalada por mayoría en menos de una hora durante su discusión en comisiones. La iniciativa fue presentada en noviembre de 2024 por Luis García Parra, actual coordinador del Gabinete estatal y entonces diputado por Morena.

Según la Ley Orgánica del Congreso del estado, una vez aprobado un proyecto legislativo, no podrá ser derogado sino hasta después de un periodo ordinario de sesiones.