Como le adelantamos en este espacio, los senadores decidieron aplazar la sesión del periodo extraordinario de hoy, por una prioridad legislativa de Morena: la boda del senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández, quien invitó a la mayoría de los legisladores oficialistas y por ello la reforma que militariza la Guardia Nacional se discutirá en la sesión de mañana. El impasse en el paquetazo de reformas será argumentado como un merecido descanso para los senadores. Para el bloque oficialista hay temas más importantes que la inseguridad y la violencia como es el brindis, la víbora de la mar y el guateque.
Nos cuentan que la Corte retiró de su agenda de asuntos a discutir próximamente, el tema de la prisión preventiva oficiosa, aunque no es definitivo, porque existe la posibilidad de que más adelante lo vuelva a enlistar. El proyecto de sentencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, que propone eliminar la prisión preventiva oficiosa automática, estaba como asunto número 21 de la agenda, y el del ministro Jorge Pardo Rebolledo como número 20 y se preveía desahogar los primeros días de agosto, pero se bajó de la lista luego de que la Presidencia de la República pidió a los ministros frenar la discusión y dejarla para cuando se haya instalado la nueva Corte con los nueve ministros electos.
Nos cuentan que en los pasillos de la Sedena circula el balance que se hace de la Guardia Nacional, aquella “nueva institución civil de seguridad” prometida en 2019, en el sentido de que ha cumplido seis años más como narrativa que como solución. Muy presente en carreteras, estaciones migratorias, aduanas, incluso en los aeropuertos, pero no tanto donde se necesita: en las colonias dominadas por el crimen y en los municipios sin policías. Nos cuentan que, pese al despliegue de más de 130 mil elementos, los resultados no cuadran con la inversión. Se habla ya de más de 300 mil millones de pesos gastados en infraestructura, patrullas, uniformes y cuarteles. Los más críticos advierten que ha sido una “fuerza sin dientes”: sin capacidades de investigación, sin vínculo real con fiscalías y sin autonomía táctica, dependiendo de mandos militares en todo. Y mientras tanto, los municipios siguen sin policías, los estados sin recursos, y el crimen, ese sí, bien organizado.
Nos hacen ver que será hasta el próximo jueves que el INE, dirigido por Guadalupe Taddei, comenzará con la entrega de constancias de magistrados de circuito y jueces de distrito, ya que también implica una gran logística por tratarse de 800 cargos que deberán acudir para reconocerles el triunfo. Aunque esta formalidad está pendiente, nos recuerdan que ya se puede impugnar la validez de ambas elecciones, incluyendo las vacantes que quedaron y otros asuntos con los que los participantes de la elección podrían inconformarse ante el Tribunal Electoral.