LA ELECCIÓN FEDERAL del 1 de junio marcó un parteaguas histórico para México.
La ciudadanía y la comunidad empresarial esperan que esta nueva generación de juzgadores garantice el piso parejo que toda democracia necesita: seguridad jurídica, tanto para las personas como para la inversión productiva que genera empleo.
Pero mientras los magistrados toman protesta, el caso de la multinacional holadensa Philips, que preside globalmente Roy Jakobs, sigue recordando qué tan urgente es depurar al Poder Judicial.
Desde 2024, Philips México se encuentra bajo una ofensiva legal orquestada por su exdistribuidor Healthcare Systems, que preside Fernando de Jesús Méndez Gil.
Tras documentar prácticas de licitación contrarias a su código ético, la multinacional rompió el vínculo comercial.
La represalia fue feroz: una demanda colmada de artimañas que desembocó en la detención arbitraria del director general de Philips aquí, Marc Duocastella, y en el congelamiento de activos totalmente ajenos a la controversia.
Ese expediente desnuda un proceso plagado de irregularidades promovidas por el avezado litigante, Eduardo Fuentes, célebre por haber defendido en su momento al ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
En primer lugar, la acusación por “desobediencia judicial” se sostuvo en medidas precautorias ya derogadas por convenio, lo que vuelve fraudulenta la denuncia.
En segundo lugar, el debido proceso fue atropellado, según la defensa, a cargo del penalista Ilan Katz. Se omitieron las etapas de amonestación y multa y se saltó directamente a la orden de captura con el único fin de intimidar.
En tercer lugar, el juzgado de Monterrey, Nuevo León, carecía de competencia territorial, pues Philips está constituida y domiciliada en el Estado de México. Tres golpes a la legalidad en un solo caso.
Además de las anomalías procesales, la contraparte intentó montar una campaña mediática para desviar la atención: presentó el conflicto como si estuviera relacionado con la calidad de los productos Philips, cuando en realidad se trata de una disputa contractual pura y dura.
El objetivo era simple: presionar a la empresa para forzar un arreglo económico, empañando su reputación sin sustento técnico ni legal, lo que incluso propició la intervención de las embajadas de los Países Bajos y de España, que encabezan Wilfred Mohr, y Juan Duarte Cuadrado.
Según datos oficiales, en México más de 50% de los asuntos federales presentan rezagos importantes, y muchas sentencias simplemente no se ejecutan.
La justicia tarda, pero además se tuerce: decisiones sin rigor como la del juez de Monterrey no solo dañan a una compañía que ha respaldado al sector salud durante 85 años, sino que envían una señal negativa al mundo sobre el Estado de derecho en el país.
México necesita atraer inversiones, no ahuyentarlas. La persecución legal contra Philips, con excesos judiciales y campañas mediáticas sin evidencia, genera desconfianza en los mercados y en los tratados internacionales.
En un escenario de revisión del T-MEC, este tipo de acciones puede acarrear costos diplomáticos y económicos inmensos.
Casos como éste muestran por qué el país requiere una justicia transparente, profesional y ajena a intereses particulares. Si no se actúa con firmeza para frenar estas prácticas, no solo perderá Philips: perderá México.
CONTRARIO A LO que se piensa, estar dentro del buró de crédito no es malo. Hoy en día más de 80 millones de mexicanos se encuentran en la base de datos compartida por los burós de crédito. Gracias a ese seguimiento del comportamiento de pago de personas físicas y morales que hacen estas sociedades de información crediticia, se ha creado una cultura de pago por la que más de 95% de los mexicanos cumplen el pago de sus créditos. Hace 20 años se fundó Círculo de Crédito, el buró que dirige Juan Manuel Ruiz Palmieri, rompiendo el monopolio que había en el sector, donde se necesita mayores detalles y certeza sobre el historial crediticio de las personas, a efecto de conocer su compromiso de pago, aspecto determinante para el otorgamiento de un crédito. Gracias a ello, lo que antes tomaba mes y medio entre visitas físicas, entregas de documentos, se ha reducido a minutos para obtener un préstamo o una tarjeta de crédito. Actualmente, se realizan 14 millones de consultas mensuales a la base de datos de los burós de crédito. En el caso de Círculo de Crédito, 98 de cada 100 consultas que recibe tienen historial crediticio a un nivel de detalle tan minucioso, que actualmente más de 3 mil 500 financieras trabajan con Círculo, conocida también como el buró de las fintech, dada la preferencia de éstas por su servicio.
LAS FIRMAS CONNOR Diagnostics de Hugo Fernando Ríos Castillo y Atlantis Operadora Servicios de Salud de Mario Eduardo Vilchis Guerrero, constituidas a inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, mantienen el buen ritmo en la obtención de contratos de servicios integrales de salud durante el segundo piso de la 4T. Se recuerda que, a pesar de su escasa experiencia, en la administración pasada, estas compañías acumularon contratos públicos por más de 2 mil millones de pesos y, apenas el pasado mes de mayo, el Hospital Juárez de México, a cargo de la Secretaría de Salud, que comanda David Kershenobich, les renovó hasta diciembre de 2026 las partidas que amparan los procedimientos de mínima invasión en cirugía general, ginecología, oncología, trasplantes y urología; este último un negocio cercano a los 100 millones de pesos.
EL NUEVO GOBIERNO quiere evitar en su primer año retrasos en la entrega de libros de texto, por lo que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos de Victoria Guillén arrancó la distribución de 156.7 millones de unidades del material, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026. No obstante, todavía falta que los proveedores cumplan ocho contratos que se asignaron esta semana para la producción de 12 títulos del programa de libros de secundaria, con lo que se completa el paquete de 50 partidas de impresión por un monto de mil 600 millones de pesos, todas ellas entregadas a través de licitación pública a Compañía Editorial Ultra de Enrique Espinosa, Activos Gráficos de Fernando Sánchez, Grupo Gráfico Editorial de Alejandro Luis Maldonado Couttolenc y Print LSC Communications de Marco Antonio del Valle Santillán.