Los maestros de la CNTE tienen permiso para bloquear, romper, quemar, amedrentar, como lo hicieron ayer impunemente en el edificio de la SNTE.
Las llamas y el humo que salían del inmueble del sindicato oficialista de maestros, ubicado en el centro de la Ciudad de México, no fueron motivo suficiente para que la fuerza pública interviniera.
No hay un sólo detenido.
La presidenta Claudia Sheinbaum ya dejó claro que su gobierno no va a usar a la policía ni la Guardia Nacional.
¿Aun si los manifestantes ponen en peligro la integridad de las personas y sus bienes? Es pregunta.
El artículo 4º de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece que éste se regirá por la absoluta necesidad, la legalidad, la proporcionalidad, la racionalidad y la oportunidad.
“El uso de la fuerza será la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas, evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor”, dice la ley.
* Los maestros disidentes exigen el diálogo directo con la Presidenta. Ya no quieren hablar ni con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, ni con Mario Delgado, secretario de Educación.
Ayer leímos pintas en paredes del edificio de la CNTE que piden la dimisión del titular de la SEP.
La Presidenta es rehén de sus palabras. Luego de que les canceló el encuentro que tenía agendado con los maestros, el 23 de mayo pasado, le preguntaron si, a pesar de todo, se reuniría con ellos. El rechazo fue tajante: “Conmigo no”.
Pero ayer matizó su postura cuando le volvieron a preguntar si, en aras de resolver el ya muy largo conflicto, recibiría a los maestros. “Vamos a esperar”, respondió.
Más tarde, logística de Presidencia informó que se cancelaba el viaje a Guerrero que Sheinbaum tenía agendado este fin de semana, para inaugurar un hospital (Reforma, 5/6/25).
El motivo aparente de la cancelación es que la CETEG de Guerrero, ala radical de la CNTE, anunció una protesta este viernes en Tlapa con motivo de la visita de la primera mandataria.
Las secretarías de Gobernación y de Educación condenaron los actos de vandalismo y reiteraron su disposición al diálogo.
“Recordamos que la violencia y el daño a instalaciones públicas no generan soluciones, sino que retrasan el proceso de acuerdos y afectan a la comunidad educativa y a la sociedad en general”, alertó la Segob.
Educación reprobó todo acto vandálico que atente contra edificios públicos y privados, como ha sido el caso del ataque a la sede del SNTE.
* Desde su trinchera opositora, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, no tuvo pelos en la lengua al reaccionar a lo ocurrido en la sede del SNTE.
“El país está fuera de control, la CNTE incendia oficinas, toma calles, paraliza escuelas y el gobierno cruzado de brazos”, alertó en un mensaje que subió a X.
Agregó: “Lo de hoy en el Centro Histórico es una vergüenza. México vive una crisis de gobernabilidad”, puntualizó.
* Las malas noticias se multiplican. La Corte Suprema de EU desestimó la demanda contra los fabricantes de armas en Estados Unidos, que tanto presumió Marcelo Ebrard cuando era canciller.
El gobierno mexicano sustentaba la demanda con el alegato de que los fabricantes de armas debían ser considerados responsables de la violencia de los cárteles en la frontera suroeste. Reclamaba miles de millones de dólares en daños.
La jueza Elena Kagan explicó por qué se desestimó la demanda de México. Cito las palabras de la juzgadora, según CNN:
“México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas de fuego a traficantes mexicanos.
“No tenemos dudas de que, como afirma la denuncia, algunas de esas ventas tienen lugar, y que los fabricantes saben qué sucede.
“La excepción predicada permite la responsabilidad por complicidad, sólo cuando un demandante hace un alegato plausible de que un fabricante de armas ‘participó en una violación de la ley relativa a armas de fuego”.
La cancillería mexicana rechazó el fallo. En un comunicado asegura que México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país.
“México seguirá en su lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de las empresas que fabrican y permiten que el flujo de armas siga alimentando la violencia y nutriendo a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas”, puntualiza la SRE.