Plataformas en línea como Alibaba Group ofrecen minirrefinerías desde los 2 mil 500 hasta los 700 mil dólares, sin que exista regulación que impida su adquisición, importación o instalación en México. La maquinaria llega desarmada y puede ser montada en pocas semanas, según especialistas.
Una vez registrado en el sitio web, cualquier usuario puede solicitar una planta de refinación básica por montos que varían según su capacidad, desde modelos compactos hasta instalaciones de mayor escala. Por ejemplo, una refinería con columna de destilación se oferta entre 40 mil y 80 mil dólares, mientras que otras alcanzan hasta los 700 mil dólares.
El 18 de junio, autoridades aseguraron una minirrefinería clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz, que operaba sin permisos ni medidas de seguridad adecuadas. La instalación contaba con sistemas para separar combustibles y tuberías para su traslado. Pese a una multa cercana al millón de pesos, siguió operando.
Expertos en seguridad señalaron que la compra de estas plantas no constituye un delito, pues no están catalogadas como productos prohibidos. “Lo que está regulado para importar desde China a México son armas de fuego, explosivos, medicinas y drogas, pero este tipo de maquinaria no está prohibido”, explicaron fuentes consultadas.
El doctor Gabriel Vera, investigador en Ciencias Químicas de la UNAM, indicó que la instalación puede realizarse en una semana si se cuenta con personal capacitado, aunque advirtió que no es posible operar estas plantas únicamente “leyendo el manual”.
Carlos Hernández, director de Nzaya, advirtió que la falta de análisis de inteligencia permite que células delictivas adquieran este tipo de tecnología sin ser detectadas. Cuestionó la ausencia de filtros para identificar al comprador, su situación fiscal o el destino de la maquinaria.
“Lo ilegal no es comprarlo… lo preocupante es que no se está vigilando su uso ni quién lo adquiere”, señaló. Dijo que deberían intervenir Aduanas, el SAT y la Secretaría de Seguridad para rastrear este tipo de operaciones.
El abogado constitucionalista Sergio Bravo explicó que la Ley de Hidrocarburos no distingue entre refinerías grandes o pequeñas, por lo que el vacío legal permite la adquisición de estas plantas sin permisos. “Si cumple la misma función, debe regularse igual”, puntualizó.
Por su parte, Juan Ruiz, jefe de operaciones de Strategos BIP, destacó que las organizaciones criminales aprovechan estos vacíos legales para mantener cadenas de suministro que combinan elementos legales e ilegales, como ocurre con precursores químicos del fentanilo.
Empresas que ofrecen estas minirrefinerías también ofrecen asesoría para su instalación y operación, lo que facilita su uso en condiciones fuera del marco normativo mexicano.
