El Gobierno de México acusó a la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) de injerencismo, luego de que este organismo cuestionara el modelo de selección judicial aplicado en las elecciones del pasado 1 de junio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática al Secretario General de la OEA, Albert Ramdin, en la que expresó su “firme rechazo” a algunas recomendaciones incluidas en el informe preliminar de los observadores. En el documento, la Cancillería señaló que la misión rebasó su mandato e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la organización, especialmente al artículo 3 (e), que establece el derecho de los Estados a organizar su sistema político sin injerencias externas.

El informe de la OEA advirtió que el proceso electoral no garantiza la independencia del nuevo Poder Judicial ni asegura que los ganadores tengan la capacidad o idoneidad necesarias para los cargos. Además, subrayó que se distribuyeron “acordeones” con recomendaciones de voto, y que varios de los perfiles electos fueron postulados por un comité del Poder Ejecutivo federal.

En respuesta, el Gobierno mexicano sostuvo que una misión de observación electoral no tiene facultades para imponer criterios sobre cómo los países deben estructurar su sistema judicial, y menos aún para emitir juicios que, a su juicio, exceden sus atribuciones.

El equipo observador, encabezado por el ex canciller chileno Heraldo Benjamín, señaló que el modelo de elección judicial impulsado por Morena y sus aliados no debe replicarse en otros países, debido a la falta de garantías sobre la autonomía judicial.

La SRE defendió que el proceso se realizó conforme a la Constitución y la legislación electoral vigente en México, e insistió en que los comicios respetaron el marco legal nacional.

La misión de la OEA también destacó la baja participación ciudadana, que apenas alcanzó el 13 por ciento, así como el hecho de que seis de los nuevos ministros fueron propuestos por el comité del Ejecutivo y tres más fueron nombradas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual —indicaron— plantea dudas sobre la independencia del máximo tribunal respecto al Gobierno federal.