Exmilitares colombianos especializados en inteligencia y guerra irregular colaboran con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), aportando conocimientos en espionaje, fabricación de explosivos y contrainteligencia, informaron fuentes federales mexicanas.

Estos exsoldados, entrenados por el Ejército Nacional de Colombia, han sido clave en la implementación de tácticas de conflicto armado sudamericano dentro del territorio mexicano. Uno de los métodos más utilizados es el uso de drones no tripulados, que sobrevuelan bases militares y batallones de infantería del Ejército mexicano, permitiendo a los grupos criminales detectar movimientos y planear emboscadas o colocar explosivos.

Las aeronaves, con capacidad de vuelo de hasta 5 kilómetros de distancia y mil 500 metros de altitud, funcionan como herramientas de reconocimiento, vigilancia y ataque, una táctica que ya es común en Colombia entre disidencias de las FARC y otros grupos armados ilegales.

La reciente detención de 12 ciudadanos colombianos en Michoacán —entre ellos, nueve exmilitares— ha reavivado las alarmas sobre la presencia de mercenarios extranjeros al servicio del crimen organizado en México. Las autoridades los vinculan directamente con el CJNG y un ataque con mina antipersona que dejó un saldo de ocho soldados mexicanos muertos.

Según testimonios obtenidos por autoridades, los cárteles buscan exsoldados con experiencia en combate, incluidos comandos y exguerrilleros, a quienes ofrecen sueldos mensuales de hasta 2 mil dólares, pagos semanales en efectivo y apoyo logístico para viajar desde zonas de conflicto como Ucrania o Polonia.

Expertos como Paloma Mendoza, del ITAM, señalan que esta tendencia ha elevado la capacidad operativa y de fuego de los grupos delictivos. Documentos filtrados del Ejército Mexicano indican que desde 2021 ya se reportaba la presencia de mercenarios colombianos en Michoacán, reclutados por Carteles Unidos para enfrentar al CJNG.

De acuerdo con Andrés Macías, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios, muchos de estos exmilitares colombianos enfrentan retiro anticipado y bajos ingresos, lo que los vuelve vulnerables al reclutamiento por grupos armados ilegales.

El presidente colombiano Gustavo Petro ha promovido legislación contra el mercenarismo, mientras que los implicados aseguran que la falta de respaldo estatal los empuja a incorporarse a redes criminales internacionales.

Audios obtenidos por medios internacionales muestran que los cárteles emplean a estos mercenarios no solo en combates, sino también en entrenamiento, vigilancia y manejo de drones con explosivos improvisados.