La Cámara de Diputados aprobó el 26 de junio, y el Senado ratificó en comisiones el 28 de junio, la nueva Ley General del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, una legislación que otorga al gobierno federal acceso directo e irrestricto a bases de datos personales, incluidos datos biométricos y números telefónicos, tanto de instituciones públicas como privadas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) será la dependencia encargada de utilizar esta información, bajo el argumento de fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y combatir delitos. Sin embargo, especialistas en derechos digitales advierten que la norma abre la puerta a un sistema de vigilancia masiva sin mecanismos claros de control o sanción.

Con esta ley se establece la creación de la Plataforma Central de Inteligencia, que será operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esta plataforma integrará en tiempo real los registros de diversas instituciones y entidades privadas, permitiendo al gobierno monitorear actividad ciudadana en línea y fuera de línea.

Asimismo, se implementará la Plataforma Única de Identidad, basada en una nueva versión de la CURP biométrica, que incluirá huellas dactilares, reconocimiento facial y escaneo de iris. El Artículo 91 estipula que todos los trámites y servicios requerirán el uso obligatorio de esta CURP.

Según el texto de la ley, la información almacenada será de carácter confidencial y estará protegida por la Ley General de Transparencia, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Seguridad Nacional. No obstante, el Artículo 51 establece que cualquier persona con conocimiento del uso de esta plataforma deberá abstenerse de divulgar su contenido.

Expertos como José Flores, director de R3D, advirtieron que esta ley representa la consolidación de una infraestructura de vigilancia estatal, sin controles claros ni límites legales. Francia Pietrasanta, especialista en derecho digital, señaló que la norma no contempla sanciones por uso indebido ni herramientas para detectar abusos en tiempo real.

En caso de inconformidad, la única vía para solicitar información sería a través de órganos de transparencia—ya inexistentes como el INAI—o por medio de una acción judicial, cuya eficacia es incierta ante la reciente transformación del Poder Judicial.

El nuevo sistema también genera preocupación por su impacto en poblaciones vulnerables, como personas mayores o habitantes de comunidades rurales, quienes podrían quedar excluidos de servicios esenciales si no logran registrar su CURP biométrica por falta de acceso o por dificultades en el escaneo de datos.

Finalmente, la inclusión de inteligencia artificial y sistemas automatizados en la operación de esta plataforma plantea un riesgo adicional, ya que podrían predecir o perfilar comportamientos de las personas o utilizar la información para entrenar modelos de IA. También se contempla la geolocalización en tiempo real, lo que, según especialistas, puede representar un peligro si no existen límites claros sobre su uso.

Ejemplos similares han sido observados en países como China, Rusia y Estados Unidos, donde bases de datos interconectadas se han usado para vigilancia, control migratorio o represión de manifestantes, de acuerdo con testimonios de organizaciones civiles.