La baja participación en la elección judicial del pasado domingo encendió alarmas en el entorno presidencial, donde ya circulan señalamientos directos contra Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, por el pobre desempeño del proceso de movilización de militantes que lideraron en los últimos meses.
El proyecto impulsado por la secretaria de Gobernación y el secretario de Organización de Morena contemplaba la afiliación de 10 millones de nuevos militantes, con el objetivo de mostrar fuerza territorial en la elección del Poder Judicial. Sin embargo, los resultados del INE indican que solo 12.8 millones de personas acudieron a votar, lo que representa una participación cercana al 12 por ciento del padrón.
La comparación con la consulta de revocación de mandato en 2022 es inevitable: en ese ejercicio, casi 17 millones de votantes acudieron a las urnas, alcanzando el 18 por ciento de participación, pese a que no era una elección obligatoria.
Fuentes consultadas señalaron que los recursos que normalmente se destinan para movilización electoral fueron redirigidos al proceso de afiliación, lo que debilitó la capacidad de operación territorial de Morena en esta jornada. Gobernadores y alcaldes que solicitaron fondos para mover votantes fueron informados de que el presupuesto ya estaba comprometido para la campaña de incorporación partidista.
Dentro del partido, crecen las críticas hacia Alcalde y López Beltrán, a quienes acusan de tener intereses personales rumbo a 2030 más que objetivos organizativos a corto plazo. Este señalamiento apunta a que el verdadero propósito del proceso de afiliación no era garantizar una alta participación en esta elección, sino posicionarse internamente con miras a una candidatura futura.
El resultado refuerza una percepción que comienza a tomar fuerza dentro de la 4T: que la operación electoral no es la misma sin Andrés Manuel López Obrador en el centro del escenario político. En contraste, el desempeño de López Beltrán se limita a tareas administrativas, como coordinación de candidaturas y gestión de recursos, sin lograr articular una estrategia de movilización eficaz.
Luisa María Alcalde también enfrenta señalamientos internos por su falta de capacidad política, tanto en el terreno de la organización como en el de la interlocución con las bases.
En sectores del Gobierno federal, la situación no ha causado alarma, y por el contrario, algunos funcionarios han expresado cierta satisfacción ante el debilitamiento de ambos cuadros. La dirigencia del partido, aseguran, empieza a actuar con mayor autonomía, sin una dependencia directa del Ejecutivo.
El panorama también ayuda a explicar la moderación del discurso de Claudia Sheinbaum durante el proceso, quien optó por no vincularse abiertamente con la elección judicial, en un intento por no asumir costos políticos por un resultado adverso.
