A Gerardo Fernández Noroña le quedan 80 días como presidente del Senado de la República. 80 días de impulsividad, incontinencia verbal, bravuconería, soberbia y protagonismo. Serán sus últimos dos meses y medio como “figura política”. El futuro del expetista está echado: el abandono y el olvido. Por lo menos eso es lo que se dice en las cúpulas de Morena, su nuevo partido. Desde la presidenta Claudia Sheinbaum hasta la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, se tiene registro de que la altanería de Fernández Noroña ha causado más negativos que positivos al movimiento y al país. Su borrachera de poder incluso le ha alcanzado para sentirse tan influyente y poderoso como para retar al fundador y líder moral de la 4T, Andrés Manuel López Obrador.
Morena hace encuestas para medir prácticamente todo. Una de esas mediciones es para saber quién es el vocero –oficial o no oficial– más mediático del movimiento, es decir, el que más impactos tiene en los medios de comunicación. En primer lugar está precisamente Fernández Noroña, con el pequeño detalle de que más del 80% de sus interacciones son negativas. La conclusión de los encuestadores es que, si bien en el pasado, desde un cargo de menor perfil, había sido eficiente para combatir a los partidos de “derecha” con sus narrativas de presunto abuso y opresión a los más desprotegidos, ahora, como presidente del Senado, sus posturas, riñas y comentarios desafortunados han sido contraproducentes, por ejemplo, en la relación bilateral con Estados Unidos.
El pleito de Fernández Noroña con el senador republicano Eric Schmitt atizó las tensiones políticas entre ambos países por el impuesto a las remesas y las manifestaciones violentas de inmigrantes en ciudades como Los Ángeles, California. En su conferencia matutina del miércoles pasado, Claudia Sheinbaum pidió que “todo mundo se serene” y recomendó a los legisladores de Morena evitar peleas con el Congreso de Estados Unidos, a pregunta expresa sobre el pleito de Fernández Noroña con el senador Schmitt.
En segundo lugar de impacto mediático, según las mediciones de Morena, está la senadora de Chihuahua, Andrea Chávez, luego la senadora de Baja California, Julieta Ramírez; le siguen la presidente del partido, Luisa María Alcalde, y el diputado federal Arturo Ávila. Ninguno de ellos alcanza la mitad de negativos que arrastra Fernández Noroña.
Fernández Noroña es un fusible quemado, un político que está a punto de caerse del tabique al que lo subieron los propios morenistas tras el proceso interno para elegir al candidato presidencial en 2024. El legislador, que ha sido abucheado y recriminado por el partido al que perteneció por varios años –el PT–, se sintió presidenciable y como en Morena todo lo basan en encuestas de popularidad, Fernández Noroña tiene la estrategia de aparecer en los medios y en las redes sociales a como dé lugar. Sus compañeros de movimiento lo consideran un “provocador profesional”, pero nada más.
Este martes, colectivos de búsqueda y activistas, entre ellos Ceci Flores y Bryan Carl LeBarón Jones, enviaron una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar su remoción como presidente del Senado, debido a la insensibilidad que ha mostrado el ante la crisis de personas desaparecidas.
Por si fuera poco, Fernández Noroña es un snob de las clases acomodadas que suele criticar: se mueve en una camioneta Volvo XC90 híbrida con un valor en el mercado de 1.7 millones de pesos, al igual que sus familiares en vehículos BMW. Disfruta de hacer fiestas a lo grande en Querétaro y Tepoztlán, y presume sus viajes al extranjero en primera clase, a lugares como Estados Unidos, Europa o Asia.
Fernández Noroña siempre ha defendido que él no tiene razón alguna para vivir en la austeridad republicana que tanto pregona AMLO. “La austeridad es para las políticas públicas”, suele decir. Quizá por eso no tiene empacho en ser cliente frecuente de las salas VIP de las terminales aéreas, pese a que muchos lo quieran increpar y luego los haga pedirle disculpas públicas en el Senado de la República.
En fin que Fernández Noroña es para los morenistas un fusible quemado a punto de convertirse en un zombi de la política.
Posdata 1
Mucho ruido generaron los señalamientos sobre presuntos actos de corrupción y conflictos de interés en el Sistema Nacional Anticorrupción que fueron publicados ayer en este espacio.
El exsecretario general del organismo, Roberto Moreno Herrera, negó públicamente cualquier irregularidad cometida durante su gestión, a pesar de que la propia presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Vania Pérez Morales, fue quien le cuestionó en su momento la asignación sospechosista de plazas de trabajo y su participación con recursos públicos en un evento realizado en Hong Kong sin tener la representación del Estado mexicano.
Respecto al posible conflicto de interés en el proceso de selección del sustituto de Moreno Herrera, el también integrante del CPC, Rafael Martínez Puón, se puso en contacto para precisar que los profesores José Alberto Reyes Fernández y Martha Patricia Aguilar Espinosa “no tienen un contrato laboral” con la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública, por lo que tampoco tienen relación de subordinación con él que es el director del colegio.
Explica que “el INAP es una asociación civil y no cuenta con financiamiento público, no es una universidad y, por lo tanto, no cuenta con profesores de tiempo completo”. “Su sustento económico no es el INAP, ellos tienen trabajo propio. José Alberto Reyes trabaja para Pensionissste y Patricia Aguilar es consultora independiente. Lo de las clases es algo accesorio como es el caso de muchos”, expuso.
En este punto se precisa que una copia de esos “inexistentes” contratos de prestación de servicios entre el INAP y sus catedráticos está en manos de este columnista, el cual está firmado por los implicados. El documento con folio 09632025003002 lleva por nombre “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales” y confirma una vinculación laboral en este 2025 entre la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental y el profesor José Alberto Reyes Fernández, quien rubrica el escrito al lado de Martínez Puón.
En la réplica, Rafael Martínez asegura también que no tiene “demasiado poder para poder manipular todo un proceso”, esto porque en la evaluación participaron otras dos integrantes del CPC que calificaron de manera aprobatoria a los tres finalistas. Aunque aquí es preciso comentar, según las calificaciones que también tiene en sus manos esta columna, que mientras el representante del INAP le otorgó constantemente 76 puntos de 100 posibles a los profesores de su asociación civil, hubo otra evaluadora que les otorgó 51 y 63 puntos; por lo que estos no fueron de manera constante los mejor calificados.
Martínez Puón agrega que no es conflicto de interés conocer o tener relación de amistad con los personajes que se pusieron a evaluación, pues, de ser así, los tres integrantes del CPC habrían tenido que excusarse de participar en la calificación de hasta el 80% de los aspirantes a ocupar la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción.
Posdata 2
Lo dicho: la incertidumbre generada por la política comercial del presidente Donald Trump ya afectó la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de Estados Unidos en los primeros tres meses de 2025.
Según el desglose de datos de la Secretaría de Economía, durante el primer trimestre del año las entidades del país captaron 8 mil 264 millones de dólares de IED proveniente de Estados Unidos.
Este monto resultó 21% menor en comparación con el mismo periodo del 2024. En total, de las 32 entidades federativas, 19 registraron caídas anuales en la atracción de inversión estadounidense.
Las disminuciones más profundas se dieron en Durango, Chiapas, Sinaloa, Oaxaca, Morelos, Colima, Estado de México y Nayarit. Esto significa que registraron un menor monto de IED estadounidense en comparación con el primer trimestre de 2024, algunas con una caída cercana al 70%.
Posdata 3
En Baja California, la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila ha tenido que reconocer y cubrir los adeudos que mantenían en déficit a su sistema de seguridad social ISSSTECALI, por lo que, desde el 2021 y hasta abril de este año, destinó a este rubro recursos por más de 21 mil millones de pesos
De dicha cantidad, según los datos que reveló la Secretaría de Hacienda local, a cargo de Marco Antonio Moreno, 19 mil millones de pesos corresponden a ejercicios propios de este sexenio, pero se han tenido que agregar otros 2 mil millones más que son adeudos heredados de la administración del exgobernador Jaime Bonilla.