La deriva final de la actual administración estará marcada en muy buena medida por lo que ocurra en la relación con Estados Unidos. Y esa relación se definirá muy probablemente en los meses de julio, agosto y septiembre próximos, porque en octubre comenzará el proceso de negociación del T-MEC y para esa fecha debe estar ya claro, para todas las partes, cuáles son los márgenes de cooperación y colaboración, como así también las divergencias que pueden hacer transitable o no esa negociación estratégica.
¿Por qué esos meses? En principio, porque antes de que termine junio estará en México el secretario de Estado, Marco Rubio, cuya visita viene a preparar (en realidad, a establecer los márgenes, de acuerdo para cuando se dé esa visita) su segundo, el exembajador en México, Christopher Landau, actual subsecretario de Estado, que llega con una agenda cargada y con muchos mensajes, positivos y negativos, ya enviados desde Washington.
Inmediatamente vienen los procesos contra los grandes narcotraficantes que están detenidos en Estados Unidos. En julio se establecerán los convenios de culpabilidad de Joaquín y Ovidio Guzmán López, cuyas audiencias en la Corte de Chicago están previstas para el 15 y 9 de julio, respectivamente. Ambos ya están colaborando con la justicia estadunidense, tienen muchísima información por compartir.
El 16 de junio será la audiencia del Mayo Zambada, aunque puede postergarse también hasta julio. Es difícil, pero no imposible que El Mayo alcance también un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de Nueva York, aunque su abogado, que es el mismo que llevó los casos de su hijo y su hermano, los dos convertidos en testigos colaboradores, dijo que lo buscaría.
La de Caro Quintero está programada para el 25 de junio. Ese día, la Fiscalía de Nueva York informará si pide o no la pena de muerte para Caro Quintero, un proceso que, desde ya, se puede suponer que no habrá, de parte de la Fiscalía, intención de llegar a un acuerdo. Al contrario, creo que se buscará hacer un proceso paradigmático, ejemplificador en relación con el narcotráfico en México. Y puede terminar con la solicitud de que se aplique la pena de muerte.
Comenzarán, con esos procesos, semanas de tensión con México, tanto por los criminales que vayan a proceso como con los que se conviertan, se han convertido ya, en colaboradores de la justicia estadunidense. Y se tendrá que tomar determinaciones. No veo cómo, por ejemplo, se puede seguir protegiendo a funcionarios que, evidentemente, están bajo investigación en Estados Unidos y cuyos nombres van a salir a relucir en todos estos procesos. Lo que se ha hecho hasta ahora, de no reconocer ninguna responsabilidad, en ningún caso, de funcionarios o exfuncionarios de la 4T, no será viable.
Porque, además, para esa fecha deberíamos estar preparados para avanzar en el acuerdo de seguridad regional que se debería negociar en forma simultánea y paralela al T-MEC.
Ni Marco Rubio ni Landau ni el nuevo embajador, Ronald Johnson, ni tampoco un personaje clave en todo este andamiaje, el general Gregory Guillot, comandante del comando Norte, son los duros de Estados Unidos en esta historia. Todos ellos están en busca de un acuerdo de cooperación y colaboración, donde son conscientes de que un punto clave es el respeto a la soberanía. Pero que sus puntos de vista se puedan imponer o no en la Casa Blanca dependerá de los mecanismos de acuerdos y colaboración que se establezcan con la administración Sheinbaum. Y mucho no ayuda en ese sentido que no se tomen medidas en el plano interno que trasciendan el buen desempeño de la estrategia de seguridad o la estrecha y eficiente cooperación militar en la frontera. O seguir con la defensa y el financiamiento a Cuba, por ejemplo.
Pasados esos tres meses clave, en octubre se cumplirá un año de la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum. Para muchos, ésa deberá ser la fecha, el momento, al año de tomar el poder, en el que la presidenta Sheinbaum deberá confirmar el rumbo definitivo que tomará su gobierno. Por cierto, e insistiendo en el tema: la Presidenta debe ir a la cumbre del G7 en Alberta, Canadá, del 15 al 17 de junio próximos. Es incomprensible que aún no se haya confirmado su participación.
ARMAS
Siguiendo con la relación con Estados Unidos: ayer, la Corte Suprema de Estados Unidos desechó por improcedente la demanda de México contra las empresas de ese país por la venta de armamento a los grupos criminales de México.
Era muy difícil que este proceso prosperara porque hay una enmienda de la Constitución estadunidense que protege a esas empresas precisamente de ese tipo de demandas, pero existe otro mecanismo que no ha utilizado ni legal ni políticamente el gobierno de México que puede transformar esa decisión: al haber, Estados Unidos, declarado como terroristas a los cárteles mexicanos, por esa misma declaración la propia justicia estadunidense tiene la obligación de perseguir y castigar la venta de armas a cualquier organización terrorista y, por ende, a los cárteles. Si se juega esa carta, en lugar de rechazar la designación de los cárteles como terroristas, podrían darse avances importantes.