EL BUQUE CHALLENGE Procyon transportaba cerca de 20 millones de litros de combustibles a Tampico y, al ser asegurado por las autoridades, se convirtió en la gota que derramó el vaso para Washington.
Fue la confirmación del tráfico de huachicol fiscal entre México y Estados Unidos, un negocio que oscila de 10 mil a 12 mil millones de dólares cada año, y que Andrés Manuel López Obrador siempre lo negó.
El gobierno de Donald Trump desplazó a un grupo importante de agentes de seguridad e inteligencia para investigar el tráfico de combustibles y hacer el vínculo con el crimen organizado.
El FBI, la CIA y la DEA trabajan para desenmarañar la trama de fentanilo, migrantes y huachicol, y su lavado de dinero a través de redes vinculadas a funcionarios públicos de aduanas y Pemex, principalmente.
Le platicaba que el 9 de junio, el Departamento de Justicia, que comanda Pam Bondi, publicó las reglas de operación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Es el instrumento de la orden ejecutiva 14209 de Trump para ir tras empresarios, funcionarios y narcos que participan en el huachicol fiscal, o contrabando técnico de combustibles. No es un problema nuevo.
De la investigación de ambos países se deriva una de las principales fuentes de la “Lista viva” que tiene el Departamento de Estado de Marco Rubio, y que todos niegan que existe… pero que sí existe.
El gran administrador del tema no es tanto Rubio, sino su brazo derecho, el subsecretario Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos aquí, y quien Trump le dio manga ancha para llevar México.
En el inicio del gobierno de López Obrador se hizo un gran escándalo de propaganda política para combatir el robo de combustible de los ductos, pero eso no tuvo efectos reales en el combate a los delincuentes.
Se dijo que en aras de la soberanía energética se iba a limitar la importación de gasolinas y se anunció que la refinería de Dos Bocas, que tuvo a su cargo Rocío Nahle, ayudaría a combatir el huachicol.
Pero la realidad se impuso: en las carreteras del país hoy más que nunca se vende gasolina robada e importada de manera ilegal y en muchos casos la Guardia Nacional es cómplice y parte de ese negocio ilegal.
Lo mismo muchos gobiernos estatales y municipales y no se ve la luz al final del túnel, porque varios grupos gasolineros para pasar de un estado a otro el hidrocarburo deben pagar cuotas a los grupos delictivos.
En mayo, México produjo 306 mil barriles diarios de gasolinas y el consumo ascendió a 762 mil barriles por día; la diferencia entre demanda y producción se remedia importando 400 mil barriles diarios.
En síntesis, alrededor de 60% de la demanda total se cubre con los litros de gasolina y diésel del extranjero, y el crimen organizado le pega una mordida a ese apetitoso pastel.
Sobre el Challenge Procyon, el informe de la Secretaría de Marina (tarjeta 039/2025 del 18 de marzo) precisaba que estaba cargado con 17 millones 429 mil 200 galones de aditivo para aceite lubricante.
Dos semanas después, la misma dependencia, al mando del almirante Rayundo Pedro Morales Ángeles, reportó que había decomisado sólo la mitad de ese combustible.
La empresa importadora del petrolífero desde Beaumont, Texas, promovió múltiples juicios de amparo, en los que reclamó la confiscación de cinco millones 460 mil galones de supuesto aditivo de su propiedad.
Esa cantidad equivale, precisamente, a cerca de 10 millones de litros. ¿Dónde están los otros 10 millones de litros desaparecidos? Nadie lo sabe.
UNO DE LOS afectados por el endurecimiento de Washington en materia de lavado de dinero es, ni más ni menos, que Alfonso Romo. El hombre de negocios, quien fue enlace de los empresarios con Andrés Manuel López Obrador y Jefe de la Oficina de la Presidencia del tabasqueño, quedó tocado en el expediente abierto desde 2024 contra la Casa de Bolsa Vector por los depósitos de dólares, aparentemente robados, que recibía desde un año antes y que llevó al FinCen, la oficina del Departamento del Tesoro que capitanea Scott Bessent que analiza las transacciones financieras ilegales, a ordenar a The Bank of New York Mellon cancelarle sus cuentas hace dos años. Aunque Romo renunció a la presidencia de Vector cuando se incorporó al gobierno de López Obrador, sigue siendo presidente honorario y accionista de ese negocio que fundó hace 50 años. La información disponible revela que le quieren quitar la operación de la intermediaria que dirige su brazo derecho, Edgardo Cantú. No se sabe aún si el gobierno de Estados Unidos o el de México.
EN MARZO DE 2019, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México resolvió que el concurso mercantil y la quiebra de Casas Geo eran válidos ante el incumplimiento generalizado del pago de obligaciones. Está decisión del Poder Judicial, nos recuerdan fuentes de Banorte, que dirige Marcos Ramírez, no fue recurrida por las partes y quedó firme. La precisión viene a propósito de lo que le referí la semana pasada, en el sentido de que todavía existen por ahí algunos tenedores de Certificados Bursátiles de la desarrolladora de vivienda que fuera de Luis Orvañanos que se consideran despojados y critican la omisión de quienes debieron acompañarlos en la reestructura financiera de la otrora principal desarrolladora de vivienda en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Banorte, vía su filial Sólida, se quedó con varios activos de Geo.
CADA VEZ SON más inversionistas afectados por José Luis Barroso Montull, a quien señalan de poca ética en los negocios. El dueño de Cerillera La Central no le cumple a inversionistas y socios que han confiado en él. Ahí está la forma en que hizo a un lado a su exsocio, Luis de Guerrero, en la compra de los refrescos Chaparritas, Barrilitos y Sangría Señorial. En Naucalpan, a través de su empresa Inmobiliaria Río Hondo, desarrolló el Conjunto Urbano Lomas del Río, de 582 viviendas, donde tampoco ha cumplido con lo ofrecido en el proyecto original, que incluía una casa club y una planta tratadora de agua. Quizás el más controvertido de sus negocios es el relacionado con el predio conocido como El Columpio, en Huixquilucan, también en el Estado de México, donde invitó a inversionistas a los que ahora se niega a reconocer. El terreno, que era originalmente de 102 ejidatarios, fue adquirido de manera poco clara y bajo presiones a los dueños originales. Actualmente son sus hijos, Enrique y Jaime Barroso Ríos, los que manejan los negocios, ya que su padre se desligó de las empresas para no tributar en México y ahora es ciudadano fiscal en Costa Rica. Pero un conflicto entre hermanos tiene desatendidos a proveedores e inversionistas, quienes se quejan por falta de pago.