EL SECRETARIO DE Estado, Marco Rubio, no ha querido venir a México. Lleva cuatro meses en el puesto y ha obviado a nuestro país, el más importante social y comercialmente para Estados Unidos.
En febrero, el número dos de la Casa Blanca realizó su primera gira por Centroamérica y se esperaba que culminara en México. Pero sólo visitó Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.
En marzo también pospuso un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum para ir a Arabia Saudita, a fin de encontrarse con Volodimir Zelenski y negociar un alto al fuego entre Ucrania y Rusia.
Los diferimientos no han ayudado, porque en todo este tiempo las diferencias entre Estados Unidos y México han crecido, situación que pudo haberse despresurizado si Rubio y Sheinbaum hubieran hablado.
La entrevista que hoy sostendrá la inquilina de Palacio Nacional con el brazo derecho de Rubio, el subsecretario de Estado y ex embajador estadounidense en México, Christopher Landau, será crucial.
Sobre todo después de los señalamientos directos que ayer hizo desde la Oficina Oval contra la doctora la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, por los disturbios en Los Ángeles, California.
Landau viene a tentar terreno y a preparar la reunión que no sólo sostendrá Sheinbaum con Rubio, sino para “planchar” la que tendría con el presidente Donald Trump, en Canadá, durante la reunión del G-7.
Serán dos encuentros muy distintos: con Trump el énfasis de México estará en lo comercial, particularmente el arancel de 50% al acero, y los impuestos a las remesas, que aún no se sabe si son de 3.5 o 5 por ciento.
Pese a los esfuerzos del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de llevar a buen puerto a México en la relación comercial con Estados Unidos, estamos perdiendo capacidad de interlocución con Trump.
Allá se tiene la percepción de que el segundo piso de la 4T no desarticuló a tiempo la refriega que se nos vino: acero, remesas, armerías y ahora redadas: no le dimos a Trump lo que quiere en combate al narco.
El magnate de Mar-a-Lago volverá a poner en la mesa el apoyo de sus agencias de seguridad y fuerzas militares para descabezar a los cinco cárteles de las drogas etiquetados como organizaciones terroristas.
Rubio será el filtro que aterrizará esa petición que en el G-7, a celebrarse del 15 al 17 de junio, hará Trump de manera personal y directa a la Presidenta de México.
El secretario de Estado llegará en su próxima visita personal con una lista, que fluctúa entre 40 y 150 personajes entre políticos, militares, marinos, empresarios y financieros, que apoyan a grupos delincuenciales.
Esa “lista viva”, porque crece cada día, se empezó a elaborar en el gobierno de Joe Biden. También en ella quienes facilitaron negocios con China, el principal riesgo geopolítico para la administración trumpista.
EN UN MOMENTO decisivo para la transformación institucional de la Agencia Nacional de Aduanas de México, que impulsa Rafael Marín Mollinedo, aún persisten prácticas nocivas que son realizadas por funcionarios heredados de administraciones pasadas que siguen en posiciones estratégicas. Un caso es el de Blanca Estela Silva Pita, directora de Modernización en la Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera, a cargo de Herman Leonardo Deutsch Espino. Es señalada por la retención sistemática de pagos, favoreciendo a proveedores con los que ha tenido vínculos laborales previos, lo que constituye un conflicto de interés. Su accionar afecta a múltiples empresas que han ejecutado sus contratos en tiempo y forma, a las que ha llevado a un estado crítico de operación, provocando despidos, suspensión de servicios esenciales y riesgo real de insolvencia. Esta situación ha entorpecido la coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, de José Peña Merino, encargada de supervisar la interoperabilidad entre sistemas gubernamentales, afectando con ello el avance de proyectos clave que forman parte de los compromisos asumidos por México ante Estados Unidos, en materia de automatización, trazabilidad, revisión no intrusiva e intercambio de información en tiempo real que buscan hacer de nuestro país un socio confiable en el combate al tráfico ilícito, la cooperación antinarcóticos y la facilitación del comercio bilateral.
IGNIA, UN FONDO de capital privado que opera entre México y Estados Unidos, y que presume haber levantado más de 100 millones de dólares en rondas de financiamiento, enfrenta una demanda en la Corte de Delaware por un presunto fraude, incumplimiento de contrato y encubrimiento. Documentos judiciales acusan a la firma de no haber resarcido una deuda de más de 750 mil dólares derivada del desfalco cometido por una de sus empleadas, quien habría malversado fondos y falsificado documentos para apropiarse de una startup cliente, denominada 45/RPM, de Tim Neill. Aunque el acuerdo para compensar los daños fue firmado por los propios socios de Ignia, incluyendo a su cofundador, Álvaro Rodríguez Arregui, profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, la compañía no cumplió con los pagos pactados y cortó comunicación con el afectado. A esto se suma que Ignia habría iniciado en secreto un juicio en México utilizando ilegalmente y sin autorización el nombre de 45/RPM, probablemente para evitar involucrar a Ignia en litigios públicos que podrían comprometer su imagen ante inversionistas. Pese al discurso de expansión global y éxito financiero, estas accionen muestran que dicho fondo y sus fundadores tienen prácticas operativas cuestionables.
EL CASO RELACIONADO con Pedro G. Fuentes Hinojosa, donde BBVA se ha negado a reconocer una inversión superior a los nueve millones de acciones en los años 90, cuando aquél participaba como consejero del área metropolitana del entonces Grupo Financiero Bancomer, sigue escalando. Recién se realizó un requerimiento notarial para que el banco presente información sobre el estatus de esas acciones y de los intereses, dividendo que no ha sido pagado al inversionista. Y es que, a diferencia del BBVA, Fuentes Hinojosa exhibió documentación certificada por notario público, como el contrato de intermediación bursátil y los estados de cuenta, donde se refleja la compra de las acciones. Sin embargo, la institución que dirige Eduardo Osuna las desconoce y dice no tener registro de ellas. Para el empresario se trata de una situación inexplicable e inadmisible viniendo de una entidad financiera que presume transparencia, solvencia y compromiso con sus accionistas, por lo que no entiende cómo es que un banco de tal envergadura desconoce una inversión hecha por un empresario serio, que está respaldada por un contrato que sigue vigente donde se establece la administración y custodia de dichos valores. Pide que se reconozca de inmediato su legítima propiedad accionaria y para ello se ha acercado a la Comisión Nacional Bancaria y acudirá a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como a tribunales si BBVA no cumple con sus obligaciones contractuales.
NO, GRUPO IUSA no está interesado en el sector petrolero. Por lo mismo no estuvo incluido en el grupo de 60 empresas a las que convocó el lunes la Secretaría de Energía, que encabeza Luz Elena González, y Pemex, que dirige Víctor Rodríguez. La empresa de Carlos Peralta nunca ha participado en proyectos petroleros y no tiene la intención de hacerlo. Su esfuerzo y atención seguirá en el sector eléctrico, en el que han estado históricamente.