EL SUBSECRETARIO DE Estado y ex embajador de Estados Unidos aquí, Christopher Landau, llega hoy al país en un ambiente crispado y tenso por la relación entre Donald Trump y México.
El pasado fin de semana la bomba estalló entre la Guardia Nacional de Estados Unidos y los grupos de migrantes mexicanos, por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el temido ICE.
A ello, agregue una tormenta perfecta con el impuesto a las remesas que mandan esos mismos inmigrantes, la revocación de visas a políticos, la contratación que hizo el IMSS de médicos cubanos, la pérdida de la demanda de México contra los fabricantes de armas y la imposición de un arancel de 50% al acero y aluminio.
Con la visita de Landau a la presidenta Claudia Sheinbaum se prevé que los temas que estarán en la agenda bilateral en Palacio Nacional sean tráfico de fentanilo, entrega de líderes del narcotráfico y combate al lavado de dinero.
El gobierno de Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, quieren más colaboración de México y resultados tangibles de todas las dependencias del gobierno de la 4T en materia de seguridad. Desde la Secretaría de la Defensa que comanda el general Ricardo Trevilla, hasta la Marina Armada de México al mando del almirante Raymundo Morales, pasando por las secretarías de Gobernación de Rosa Icela Rodríguez, Hacienda de Edgar Amador, Seguridad de Omar García Harfuch y la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero.
¿Qué ofrece el gobierno de Trump? Distender el tema comercial, suavizar la relación bilateral, relajar a los migrantes en las ciudades santuario, dar información de inteligencia sobre los cárteles y sus operadores y colaborar en los controles fronterizos, particularmente las aduanas.
¿Qué pide? Cerrar la frontera al tráfico de drogas y personas ilegales, entrega de cabezas de los líderes del narcotráfico y sus vínculos con financieros y políticos. Pero, sobre todo, que el gobierno federal no arrastre los pies.
En Estados Unidos hay 40 millones de mexicanos de segunda y tercera generación; la mayoría se reconoce como mexicanos, aunque no hayan nacido allá.
Son cerca de 10% los que no cuentan con documentos migratorios y, de ese grupo, alrededor de cuatro millones, cerca de 80%, lleva más de cinco años viviendo en la Unión Americana; están integrados a la vida estadounidense.
México ha planteado años atrás, desde los gobiernos panistas y priistas, y ahora de Morena, la necesidad de una reforma migratoria integral.
MÉXICO EMPEZÓ LA revisión para entregar a GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) su más reciente reporte de cumplimiento de las recomendaciones globales para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La última vez fue entre 2016 y 2017, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se publicó en 2018, antes de que asumiera la presidencia Andrés Manuel López Obrador. En la era de la 4T no se había entregado una evaluación. El contexto cambió radicalmente, tras la llegada de Donald Trump y la declaración en enero de seis cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas. Hoy México está en la mira de la Casa Blanca y el Capitolio por la creencia de que el crimen organizado domina más de 40% del territorio nacional. Así que la administración de Claudia Sheinbaum tiene otro desafío, particularmente el secretario, Edgar Amador, y la mexicana Elisa de Anda Madrazo, presidenta de GAFI y directora de la Secretaría de Hacienda.
Y COMO PARTE de esos trabajos, la susodicha Secretaría de Hacienda arrancó el intercambio de cuestionarios y convocatorias a los diferentes intermediarios financieros. Recientemente, organizó un taller entre empresas que realizan operaciones financieras que están expuestas a actividades vulnerables, como joyeros, blindadores de autos, notarios, corredores públicos, empresas inmobiliarias, contadores, etcétera. También el pasado 27 de mayo se publicó una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Con ella, se ampliaron las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera que lleva Pablo Gómez. Se le creó una nueva dirección de Análisis Criminal. Nos dicen que se dio por presión del Departamento del Tesoro de Scott Bessent y del Departamento de Estado de Marco Rubio.
MIENTRAS HACIENDA DE Edgar Amador y Banco de México de Victoria Rodríguez ya reforzaron sus atribuciones como reguladores de cara a los nuevos desafíos que está imponiendo la administración de Donald Trump, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se vive un caos. En una auténtica tierra de nadie se ha convertido el principal regulador financiero. Tres vicepresidentes que creen que pueden relevar a un desgastado Jesús de la Fuente y que no disimulan ya el golpeteo que traen entre ellos mismos y contra su jefe, son el vicepresidente de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A, Francisco Javier Vega; la vicepresidenta de Normatividad, Aurora Cervantes, y la vicepresidenta de Política Regulatoria, Lucía Buenrostro. Ésta última ha sido la más activa, pero tiene la agravante de ser hermana de la secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. Conflicto de interés… ¿buen gobierno?
LA PRESIDENTA MUNICIPAL de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera, fue de las que terminó entregando a Morena la plaza duranguense. La controvertida priísta tiene una investigación abierta en la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, por una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera, en tiempos de Santiago Nieto, contra su tesorero, Oscar García Villarreal, y otros cuatro colaboradores. Herrera Ale está citada como investigada, pero se está viendo si la imputan por un tema de lavado de dinero y delincuencia organizada. A su vez cuenta con un proceso de investigación en la Auditoría Superior de la Federación de un recurso que se ejerció durante su primera administración, de 2016 a 2019, donde se detectó un desfalco de 77 millones de pesos. Todo esto motivó la entrega del municipio más grande al partido de Luisa María Alcalde en el estado gobernado por Esteban Villegas.
LA SECRETARÍA DE Energía y Pemex presentaron ayer un portafolio de unos 34 proyectos de asociaciones mixtas. Se explicaron los términos y condiciones del modelo de contrato, se expuso el esquema de pagos y fideicomiso, se estableció un cronograma del procedimiento de selección y se abrieron preguntas y respuestas técnicas. Las dependencias que llevan Luz Elena González y Víctor Rodríguez Padilla invitaron sólo a 60 empresas. Apunte a Grupo México de Germán Larrea, GSM Bronco de Carlos Slim, Grupo Jaguar de Dionisio Garza Medina, Protexa de Rodrigo Lobo, Grupo IUSA de Carlos Peralta, La Latina de Adolfo del Valle, Cotemar de María Cristina Lobo, Halliburton de Jeff Miller, Wintershall de Mario Mehren y Baker Hughes de Lorenzo Simonelli, entre otras muchas más. Todas firmaron acuerdos de confidencialidad.