LA ÚLTIMA Y nos vamos: parece que dijeron los cuatro integrantes del menguado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que preside Javier Juárez Mojica. Y es que ayer notificaron a Telcel una megamulta.
El regulador, a unas semanas de desaparecer, emplazó a la subsidiaria de América Móvil, que comanda Daniel Hajj y preside Carlos Slim, a pagar la friolera de mil 782 millones de pesos.
Después de varias semanas de jaloneos internos, el pleno sesionó el pasado miércoles 11 de junio y decidió imponer una última multa a Telcel, y también a la cadena de tiendas Oxxo, por otros 40 millones de pesos.
Será la última de una larga serie de resoluciones que han marcado la política regulatoria del IFT, procurando limitar y afectar en todos los frentes a la filial de América Móvil.
El caso es una investigación por prácticas monopólicas relativas, originalmente denunciado por AT&T, de Mónica Aspe, y asesorado legalmente por el expresidente del IFT, Gabriel Contreras.
Para este exfuncionario, hoy en AT&T, trabajaron todos los actuales comisionados del instituto; entre ellos Arturo Robles, Sóstenes Díaz y Ramiro Camacho, además del propio Juárez.
En el asunto salió también afectada FEMSA, que preside José Antonio Fernández, pues la imputación consistió en una supuesta exclusividad para la venta de tarjetas SIM condicionada entre Oxxo y Telcel.
Una práctica que, según el IFT, habría consistido en el otorgamiento de beneficios por parte de Telcel a cambio del requisito de que Oxxo se abstuviera de comercializar servicios y productos de AT&T.
Al interior del IFT el asunto generó desacuerdos mayúsculos, tanto en lo técnico como respecto de las pruebas que acumuló la Autoridad Investigadora para acreditar, según ella, la conducta de los sancionados.
Entre los comisionados llamó la atención que AT&T sí celebró contratos con Oxxo, que desde hace 20 años ha comercializado su tiempo aire sin haber implicado desplazamiento de competidores.
Se reprochó la falta de rigor técnico de la Autoridad Investigadora, a cargo de Paulina Martínez, en la definición de temas elementales como la determinación del mercado y la elección de qué práctica investigar e imputar.
No obstante las dudas y discusiones, al final habría prevalecido una motivación política: el IFT se gradúa y se despide del sector imponiendo una multa multimillonaria a la empresa que no pudo ni supo gobernar.
Por más reglas asimétricas, verificaciones, burocracias y condiciones que fijaron a Telcel, gastando miles de millones de pesos del presupuesto federal, su participación de mercado se mantuvo constante.
Frente a un balance de fracasos evidentes, que en mucho explican la desaparición del órgano y la transferencia de sus funciones a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, de José Peña Merino, los comisionados pretendían “lavar cara” con esa megamulta.
Mil 782 millones de pesos: es la más alta que se ha impuesto desde la reforma de 2013, sólo superada por la que fijó la vieja Comisión de Competencia, bajo la presidencia de Eduardo Pérez Motta, y que terminó a final de cuentas resuelta vía un procedimiento de compromisos y litigada por años en tribunales.
Triste desenlace a una historia de ineficiencias y desatinos regulatorios, con declaraciones y medidas de preponderancia que prometieron transformar radicalmente la radiodifusión y las telecomunicaciones, pero que terminaron quedando a deber mucho en ambos sectores.
TAL Y COMO SE lo platicamos a finales de abril, la ambición y tráfico de influencias del expresidente del Tribunal de Justicia de la CDMX, Edgar Elías Azar, quien se maneja como si aún lo fuera, le alcanzó para que la Magistrada Rosalba Guerrero, de la Quinta Sala Civil, condenara ridículamente a una multinacional del sector de alimentos por la friolera de mil millones de pesos, simplemente porque así se lo instruyó el llamado “Virrey de Guerrero”. Acusan de ser una resolución forzada y apresurada con el único objeto de enriquecerlo aún más en una controversia vinculada con “The Coffee Bar” por el uso del nombre Mokaccino. Tan apresurada, que después de casi un mes no ha podido siquiera resolver las apelaciones preventivas por violaciones procesales en el juicio que era necesario resolver antes de dictar sentencia. Tremendo lío en el que se metió solita la Magistrada al obedecer a Azar, porque ha puesto los ojos del gobierno mexicano y de gobiernos extranjeros en este asunto. La Magistrada es hoy investigada también por el Consejo de la Judicatura. Se dice en los foros legales más importantes de México que por personajes así y sus resoluciones, Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum impulsaron a la controversial reforma judicial.
AYER, EN EL Global Energy Forum del Atlantic Council, estuvieron figuras clave del sector energético y financiero global: Julian Mylchreest, del Bank of America; Demetrios Papathanasiou, del Banco Mundial; Tim Holt, de Siemens Energy, y Tania Ortiz Mena, de Sempra Infraestructura. El tema central: el impacto energético de la Inteligencia Artificial. Los centros de datos que entrenan modelos como GPT-4 y Llama 3.1 podrían representar 5% del consumo eléctrico global para 2030, dado que su demanda energética crecería anualmente entre 10% y 15%. Las renovables son importantes, pero insuficientes. El gas natural se perfila como la opción más viable: desplaza combustibles altos en carbono y garantiza suministro de energía. Urge seguir desarrollando infraestructura estratégica como gasoductos, compresoras y terminales, para cumplir las metas de la política energética nacional acorde con las tendencias globales.
CONTRATISTAS Y TRABAJADORES de Pemex cumplieron el domingo 40 días en protesta en las inmediaciones de la Refinería Minatitlán. Hasta hoy la petrolera que dirige Víctor Rodríguez no les ha pagado sus trabajos realizados. Para los funcionarios, el plantón ya se volvió parte de la entrada principal del complejo petrolero. El adeudo de dos mil 200 millones de pesos se viene arrastrando desde hace 14 meses. Son por reparaciones de la Refinería Minatitlán y los complejos petroquímicos Cosoleacaque y Cangrejera, donde se realizaron trabajos de tuberías, reparación de tanques y mantenimiento a plantas. Ante la falta de liquidez, los proveedores han tenido que despedir ya a 50% de su personal. Las empresas de la Zona Sur de Veracruz no han recibido ningún pago, pero se sabe que sí lo han hecho a compañías de Campeche y Tabasco. En caso de no obtener una respuesta favorable, en los próximos días estarían manifestándose en la Ciudad de México, junto a otras que se encuentran en la misma situación en otros puntos del país.