La Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un informe contundente sobre el proceso de elección judicial por voto popular en México, alertando sobre serias deficiencias técnicas, jurídicas y democráticas, y recomendando explícitamente a otros países no adoptar este modelo.
En el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral, la OEA subrayó que la participación ciudadana fue de apenas 13%, uno de los niveles más bajos registrados en América Latina para un proceso electoral, y que se observaron altos porcentajes de votos nulos y sin marcar.
El organismo internacional advirtió que el proceso fue implementado con rapidez y sin el tiempo necesario para un debate democrático suficiente, lo cual generó tensiones políticas y sociales. La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Claudia Sheinbaum como parte de su plataforma electoral, fue aprobada en un contexto de polarización y con vacíos normativos significativos.
La OEA calificó el nuevo sistema como sin precedentes en el mundo, al imponer el voto directo para elegir a la totalidad de jueces, magistrados y ministros judiciales del país, y alertó sobre el riesgo de que este método afecte la independencia del Poder Judicial y su capacidad de actuar como contrapeso al Ejecutivo.
Asimismo, el informe reveló que el proceso estuvo marcado por irregularidades como el uso de “acordeones” para orientar el voto, candidaturas promovidas por el gobierno, falta de mecanismos adecuados para evaluar la idoneidad técnica de los postulantes y la sustitución discrecional de comités evaluadores, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia e imparcialidad del proceso.
La Misión también cuestionó que seis de los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte fueron propuestos por el Poder Ejecutivo, mientras que los otros tres ya formaban parte del tribunal y habían sido designados por López Obrador, lo que “levanta dudas razonables sobre la autonomía del máximo tribunal”.
En su análisis, la OEA citó preocupaciones compartidas por organismos internacionales como la ONU y la CIDH, que advirtieron sobre la posible politización del Poder Judicial, afectaciones a la independencia de jueces y a las garantías del debido proceso.
El informe concluye que el modelo mexicano no cumple con los estándares internacionales mínimos sobre independencia judicial y que la reforma fue impulsada sin evaluaciones técnicas rigurosas, ni procesos estandarizados que garantizaran competencia e idoneidad de los candidatos.
La recomendación final del informe es tajante: desaconseja que otros países adopten este mecanismo de elección judicial por voto popular.
El informe provocó una fuerte reacción por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante una gira por el estado de Morelos criticó abiertamente al organismo internacional. “No está dentro de sus funciones dar recomendaciones sobre cómo un país debe elegir a su Poder Judicial”, declaró.
Más tarde, ante comunidades indígenas en Morelos, reiteró su rechazo: “La OEA debe informar cómo se desarrolló la jornada electoral, pero que se guarde su opinión sobre el sistema judicial mexicano porque no está en sus estatutos”. También señaló que “la soberanía nacional debe ser respetada”, acusando a la OEA de extralimitarse en sus atribuciones.
La reacción de Sheinbaum también desató una ola de comentarios en redes sociales, particularmente en X, donde usuarios han comparado su postura con la de Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, acusándola de rechazar críticas internacionales y consolidar poder de manera autoritaria. Publicaciones señalan que, al igual que Maduro, Sheinbaum “pisotea el estado de derecho” y desestima organismos como la OEA, avivando preocupaciones sobre un posible deterioro democrático en México, aunque estas comparaciones permanecen mayormente en el ámbito de las redes y no han sido reflejadas en medios tradicionales.
Pese a las críticas, la OEA insistió en que su evaluación se fundamenta en estándares internacionales y busca contribuir al fortalecimiento de la democracia en México, subrayando que continuará dando seguimiento al proceso en su etapa final.
