La Guerra del Litio es el nuevo libro del periodista Jesús Lemus, editado por Grijalbo, en el que detalla con minuciosa precisión las batallas en el norte de México por la posesión de grandes reservas de litio, uno de los conductores eléctricos más codiciados por diversos países del mundo.
En el caso de México, el litio ha desatado una guerra en Chihuahua, Sonora, Durango, Coahuila, entre otros estados, donde es claro –según cuenta Lemus –cómo el crimen organizado se ha convertido en brazo armado del gobierno y de grupos empresariales para generar violencia y así desplazar a poblaciones completas a fin de que los territorios queden libres para su explotación.
Litio comenzó a explorarse en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, cuando se iniciaron investigaciones en esa región del país. En un principio se pensaba que las grandes reservas eran de uranio –elemento para la industria nucleoeléctrica –pero luego, en el gobierno de José López Portillo, se efectuaron investigaciones más agudas que dieron cuenta que el norte de México era rico en litio, un elemento clave para la fabricación de baterías, bastante demandado, por cierto, por la industria de los carros eléctricos.
En el gobierno de Felipe Calderón se otorgaron cientos de concesiones a empresas chinas. La misma tendencia siguió con Enrique Peña Nieto.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se otorgaron concesiones para su explotación, pero se ampliaron hasta en cien años o más las que ya existían.
No sólo eso: fue en el gobierno de la Cuarta Transformación cuando inició la manipulación de la información respecto de las reservas de litio en el país. Se ocultaron importantes yacimientos y se nacionalizó sólo una parte.
Otras grandes reservas en Sonora y Chihuahua están en disputa por parte del crimen organizado, que no es otra cosa, de acuerdo con el libro de Lemus, más que el brazo armado del gobierno para despojar de sus tierras a los propietarios y así apoderarse del litio.
El periodista Lemus da cuenta en su libro que el gobierno de Sonora, entonces a cargo de la priista Claudia Pavlovich se apoyó la alianza entre dos grupos criminales — Los cárteles de Caborca y La Línea, éste último brazo ejecutor del cártel de Juárez –para detonar la guerra en la zona rica de litio.
De este hecho tuvo conocimiento el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que según Lemus le instruyó a su entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo –hoy flamante gobernador de Sonora –para que le diera seguimiento a la alianza criminal.
Lo extraño de todo esto –cuenta Lemus –es que López Obrador no ordenó ninguna acción para impedir la alianza entre los dos cárteles y tampoco hizo algo para frenar la guerra.
En este contexto de violencia y masacres ocurrió la matanza de la familia LeBaron, ocurrida en los límites de Chihuahua y Sonora en 2019. De acuerdo con el periodista, esta tragedia –una de las primeras que impactaron al gobierno de López Obrador –está enmarcada en la guerra por el litio, ya que Los LeBaron y los menonitas están asentados en grandes extensiones de territorios ricos en litio. Y la masacre de tres mujeres y seis niños tiene que ver con una provocación a fin de que abandonen sus tierras.
Esta masacre fue producto de la guerra criminal que el gobierno de López Obrador no pudo frenar, pues en gran medida el crimen organizado ha sido el brazo armado del gobierno para llevar a cabo una limpia territorial para que los grupos empresariales y políticos puedan explotar el litio.
Es la misma estrategia que se ha usado históricamente desde que arribaron a México las compañías extranjeras para explotar el petróleo, según cuenta el escritor Bruno Traven en su libro La Rosa Blanca, donde se da cuenta con detalles cómo poblaciones enteras fueros desplazadas mediante el terror y el miedo.
Lo mismo ocurrió en los años recientes en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León con la explotación del gas natural, a través de los cuestionados Contratos de Servicios Múltiples –con los que se abrió la inversión privada en Pemex –: en esa etapa surgieron varios grupos criminales, entre otros Los Zetas, que inundaron de violencia y muerte la región gasera.
Y eso mismo está ocurriendo ahora en el norte de México con el litio.
Afirma el periodista Lemus que en poco más de una década se han perpetrado más de 200 masacres en la zona del litio, con tintes muy perversos, porque se trata de guerras criminales auspiciadas por los gobiernos estatales, el Gobierno Federal, elementos de las Fuerzas Armadas,
policías y cárteles de la droga.
El objetivo del gobierno de la Cuarta Transformación –vigente hasta ahora –es apropiarse del litio mediante la compra de tierras que estén libres de pobladores, y así hacer el gran negocio.
Esto explica por qué durante el gobierno de López Obrador se llevó a cabo la estrategia fallida de “abrazos y no balazos”, una forma de no atacar al crimen para que la violencia se disparara en esa zona del país, pues el propósito tanto de políticos como de empresarios era –y es –apoderarse del
litio. Y en esta guerra oficial el crimen organizado no es un enemigo del Estado: es un aliado poderoso y letal que goza de impunidad, pues se trata de un instrumento para el despojo de tierras y el desplazamiento de personas asentadas en esas tierras, en cuyo subsuelo se esconde uno de los tesoros más codiciados del mundo: el litio.