MÁS ALLÁ DEL porcentaje del padrón electoral que acudió ayer a votar los puestos del Poder Judicial, el interés del círculo presidencial está en quién presidirá la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
¿Habrá sido suficiente la operación territorial y el acarreo de la facción dura de Morena en la CDMX y el Estado de México, para que a la ministra Lenia Batres le alcance y se alce con el mayor número de sufragios?
¿La compra del voto corporativo de la ministra Yasmín Esquivel en sindicatos como el petrolero, de maestros y mineros, así como entre bufetes y barras de abogados, serán suficientes para imponerse?
¿Habrán convencido los operadores electorales de Palacio Nacional y logrado inducir el voto a favor de la Fiscal Sara Irene Herrerías, como tercera opción alternativa a las dos ministras claramente obradoristas?
Lo veremos en los siguientes días, pero en el entretanto los principales asesores de Claudia Sheinbaum dibujan escenarios y rutas de riesgo y sus respectivas salidas a partir de esas tres mujeres… más una.
Ésa es la también ministra Loretta Ortiz, si bien rezagada en las preferencias electorales y fiel a Andrés Manuel López Obrador, a quien debe su nombramiento, es menos tóxica que sus dos compañeras.
¿Qué es lo que más le conviene a Sheinbaum? ¿Iniciar sus primeros dos años de gobierno teniendo de presidenta de la Suprema Corte a Lenia, a Yasmín, a Loretta o a Sara Irene?
Si Batres arranca esta nueva era judicial presidiendo el Pleno de la SCJN, la doctora corre el riesgo de abrir espacios a los duros que no necesariamente están con su proyecto y que serán difíciles de sacudir.
Lenia lideraría la máxima instancia de procuración de justicia el bienio 2025-2026 con el voto de calidad y con una agenda externa a Palacio Nacional fuertemente influenciada por la izquierda radical.
Más que aliados a López Obrador, que ayer reapareció públicamente para votar, lo que Sheinbaum necesita en la presidencia de la Corte es un perfil afín, moderado e institucional.
En esa tesitura, Yasmín cumple con las características ideales: si bien arrastra el estigma del plagio, sus dotes negociadores y experiencia en el Poder Judicial la hacen idónea en este proceso de transición.
El mejor momento para que Lenia presida la Corte, si es que llega a encabezarla, es entre 2026 y 2028, cuando el gobierno de Sheinbaum esté bien asentado y tenga la suficiente independencia y fuerza política.
Lo que los analistas y politólogos creen y coinciden es que la Presidenta debe asegurarse que en la fase final de su administración, del 2028 al 2030, presida la Corte alguien de su entera confianza.
Y en esa lógica la única de las cinco que se perfilan a integrar la nueva Corte, incluida María Estela Ríos, la Consejera Jurídica de López Obrador en el segundo tramo de su gobierno, es Sara Irene.
La actual Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República y Sheinbaum Pardo están unidas por una larga amistad de décadas. Por eso siempre fue impulsada para nueva ministra.
Sin embargo, quizás el periodo más crítico que la actual Presidenta necesita blindar para sí, es el bienio 2030-2032, en el que un nuevo presidente o presidenta urge cada decisión y acción de su gobierno.
¿Cómo jugarán las fichas entonces, léase Lenia, Yasmín, Loretta, María Estela y Sara Irene? ¿Y los hombres, según esto, Hugo Aguilar, Arístides Guerrero, Giovanni Figueroa y Mauricio Flores?
EN EL SECTOR financiero en general, y la banca en particular, hay nerviosismo por la filtración de una presunta identificación de una institución mexicana a la que el Tesoro de Estados Unidos, a cargo de Scott Bessent, le aplicaría la llamada “Class Action 311”, la poderosa herramienta legal para abordar con mayor eficacia riesgos de lavado de dinero y financiación a organizaciones terroristas. Con ello, además de ser vetada y sancionada por el Departamento de Justicia, que comanda Marco Rubio, las empresas estadounidenses estarían advertidas por su gobierno de mantener cualquier tipo de relación comercial. Le platicamos hace un par de semanas que estuvo en México Scott Rembrandt, subsecretario adjunto de Política Estratégica del Tesoro y jefe de la delegación estadounidense de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Se reunió con Julio Carranza, director de Bancoppel; Emilio Romano, de Bank of America; Raúl Martínez-Ostos, de Barclays; Jorge Arce, del HSBC; Daniel Becker, de Mifel; Manuel Romo, de Banamex; Eduardo Osuna, de BBVA; Tomas Ehrenberg, de Bx+; Mauricio Naranjo, de Monex; Felipe García-Moreno, de JP Morgan, y Jorge del Castillo, de MUFG Bank. Les externó la preocupación del gobierno de Donald Trump por la infiltración cada vez mayor de los cárteles mexicanos de la droga en el sistema financiero mexicano y advirtió que no dudarán en actuar contra aquellos que no cumplan con las reglas de los departamentos del Tesoro y de Justicia.
LA APLICACIÓN DE un impuesto a las remesas, la lista de personajes mexicanos ligados a organizaciones consideradas terroristas y la cancelación de visas, son los termómetros del Departamento de Estado, que comanda Marco Rubio y, en general, de la Casa Blanca y el Capitolio para medir la reacción política del gobierno de México y de sus principales actores. Son obuses que le envía el presidente Donald Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum para saber de qué lado está y cuánto se ha distanciado de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. La famosa “Lista Marco”, por Marco Rubio, que dicho sea de paso estará en México muy probablemente esta misma semana, en lo que sería su primera visita oficial a nuestro país a más de cuatro meses de que Trump asumió la presidencia, en realidad es conocida como la “Lista Viva”, porque es dinámica y se está moviendo a diario. Sumaría ya 150 personas, entre políticos, empresarios, militares y marinos. Dos personajes más a los que ya se les estaría por cancelar la visa son los hermanos Ricardo y David Monreal, líder de los diputados de Morena y gobernador de Zacatecas, respectivamente.
SON AL MENOS cuatro grandes proyectos los que tiene en este sexenio Pemex en su plan de negocios. Uno es la extracción de hidrocarburos y gas natural en aguas someras en el campo Homol, en el municipio de Paraíso, en Tabasco, proyecto que vale unos 798 millones de dólares y en el que la petrolera dirigida por Víctor Rodríguez Padilla irá bajo un esquema de asociación mixta con privados. Un segundo gran proyecto es la reactivación de unos 7 mil pozos en el complejo petrolero de Cantarell, en el que se habla de una inversión de unos 2 mil 200 millones de dólares. Un tercer proyecto es Campo Brasil, un campo de almacenamiento de gas entre Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas, que cumple con las condiciones geológicas para elevar de dos a seis días la autonomía para acopio de gas. Y un cuarto proyecto a desarrollar conjuntamente es el campo Pokche de crudo y gas natural, frente a las costas de Tabasco.
EL COLMO. Los dos últimos años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador su gobierno dejó de pagar la cuota de México como miembro permanente de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). Nuestro país fue fundador desde su creación en 1944. Son 36 codiciados lugares que se dividen entre 193 socios. Con la llegada del segundo piso de la 4T, empezó a ponerse al corriente y pagó 2023 y 2024, algo así como tres millones de dólares, una verdadera bicoca para un régimen que se caracterizó por el despilfarro de recursos. Ahora se hacen gestiones para liquidar 2025. Si se hubiera seguido haciendo caso omiso y no se salda el remanente a más tardar el 30 de junio, México podría perder su lugar y todos sus derechos ante esa instancia que preside Salvatore Sciacchitano. No es un secreto que la aviación comercial mexicana ha sido desdeñada en los recientes años. Lo de la OACI es otra muestra.