La intervención del Gobierno federal a la casa de bolsa Vector, vinculada al empresario Alfonso Romo, se dio tras una jornada de máxima tensión en Palacio Nacional, en medio de las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero en instituciones financieras mexicanas.
De acuerdo con fuentes cercanas a la Secretaría de Hacienda, el detonante de las acciones de Washington estaría vinculado a un acuerdo de cooperación judicial suscrito por Ovidio Guzmán con el Departamento de Justicia, luego de su extradición en 2023.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador, sostuvo reuniones privadas durante el jueves en las que afirmó que EU lanzó un señalamiento que pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero mexicano, sin que hasta ahora haya claridad sobre su alcance inmediato.
Durante la jornada, Palacio Nacional y la embajada de Estados Unidos sostuvieron múltiples comunicaciones, tras las cuales se decidió ampliar la intervención que originalmente solo alcanzaba a CIBanco e Intercam, para incluir también a Vector Casa de Bolsa.
La decisión fue influenciada por la subsecretaria del Tesoro, Anna Morris, encargada de temas de terrorismo financiero, quien mantiene contacto directo con Hacienda en medio de la crisis. El embajador Ronald Johnson, por su parte, intentó mantener una postura conciliadora, destacando la cooperación bilateral en el combate al tráfico de fentanilo.
A la par, el Gobierno mexicano promovió una iniciativa contra el lavado de activos en el Senado, propuso la figura de “jueces sin rostro” y notificó sobre actividades militares conjuntas en territorio estadounidense, en un intento por sostener el diálogo con Washington.
Sin embargo, en círculos cercanos a Hacienda se admite que el gobierno mexicano no posee los elementos probatorios que Washington dice tener, y que “estos datos forman parte del acuerdo de Ovidio”, como señalaron fuentes del entorno de Amador.
Pam Bondi, fiscal general estadounidense, agravó el panorama al declarar en el Capitolio que México debe ser clasificado como país enemigo, postura respaldada por Scott Rembrandt, subsecretario del Tesoro, quien estuvo presente en la Convención Bancaria de Nayarit y sostuvo reuniones con el sector financiero nacional.
La tensión se profundizó dentro del ala dura del obradorismo, donde hay creciente inconformidad contra Edgar Amador, señalado por haber asegurado repetidamente que mantenía una línea directa con el Tesoro y que no habría sorpresas.
En paralelo, fuentes militares reportan desde Sinaloa un repliegue del grupo de Los Chapitos frente a la facción de Ismael “El Mayo” Zambada, lo que también se atribuye a compromisos asumidos en los acuerdos de cooperación judicial con Estados Unidos.
