El reciente anuncio del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, sobre la regularización de 145 mil viviendas invadidas ha encendido una luz de alerta que no podemos ignorar.

Por bien intencionado que sea este programa, proponer a los ocupantes ilegales la posibilidad de adquirir estas propiedades a bajo costo, o incluso mediante un esquema de renta con opción a compra –al tiempo que les prometen que no los van sacar–, envía una señal profundamente preocupante: ¿es la invasión el nuevo camino para la adquisición de una propiedad en México?

La polémica no es menor. Mientras miles de familias mexicanas se esfuerzan día a día por pagar sus hipotecas, y ahorran y cumplen con sus obligaciones financieras, esta medida parece premiar a quienes han optado por la ilegalidad. La percepción de que el despojo podría ser la puerta de entrada a una vivienda digna es un golpe a la cultura del esfuerzo y al Estado de derecho.

En la zona conurbada del Estado de México, esta preocupación es aún más latente. Allí existen organizaciones criminales dedicadas precisamente a la invasión de propiedades y al despojo de sus legítimos dueños. Estas redes operan con impunidad, aprovechándose de vacíos legales y de la lentitud de los procesos judiciales.

¿Cómo impactará este programa en la dinámica de estas bandas? ¿No será interpretado como un mensaje de que su actividad ilícita ahora podría tener un final feliz, patrocinado por una institución gubernamental?

El anuncio también pasa por alto una realidad que enfrentan muchos acreditados del Infonavit: la razón por la que a menudo prefieren dejar sus casas vacías es el miedo a los inquilinos morosos. La falta de mecanismos efectivos y ágiles para el desalojo por impago, sumada a la percepción de que las autoridades brindan poco o nulo apoyo en estos procesos, ha llevado a miles de propietarios a tomar la costosa decisión de mantener sus viviendas desocupadas.

El titular del Infonavit dejó demasiados cabos sueltos en su alocución del lunes. Por ejemplo, no detalló ni desglosó las razones por las que se abandonaron esas viviendas. Si fue por incapacidad de pago del crédito, lo primero que se tendría que hacer es ofrecer un esquema de regularización. Si los titulares no están ya interesados en conservar la vivienda, lo sensato sería ponerla de nuevo en el mercado, pero después de sancionar el delito de invasión, igual que se hace con el robo de un coche (¿o a poco se propone al ladrón del automóvil un plan de paguitos para que pueda ser suyo legalmente?).

Y una cosa más: mientras un crédito del Infonavit se paga en un plazo de hasta 30 años, a los invasores –que ni siquiera cotizan en el instituto– les entregarán sus escrituras liberadas en apenas un lustro. ¿Es eso justo?

Con la presidenta Claudia Sheinbaum de vuelta en las conferencias mañaneras este miércoles, es imperativo que se aclare el alcance real de esta propuesta. Es necesario saber cómo se diferenciará entre la vulnerabilidad social y el acto delictivo de la invasión. ¿Qué mecanismos se implementarán para proteger a los legítimos dueños o titulares de crédito que fueron despojados? ¿Se fortalecerán las acciones contra las organizaciones que promueven estas invasiones?

Alarma que no haya sido sino hasta el día siguiente cuando Romero Oropeza aclaró que no se ofrecerán las casas a los invasores cuando se hubiera presentado una denuncia de despojo.

Ojalá que este programa, en su implementación, no termine siendo un golpe irreversible a la propiedad privada. La certeza jurídica sobre la propiedad es un pilar fundamental para la estabilidad económica y social. Abrir la puerta a la regularización de invasiones, sin una estrategia clara para proteger a los propietarios legítimos y desincentivar futuras tomas, podría generar un precedente peligroso con consecuencias de largo alcance para la seguridad y la convivencia. Es tiempo de que las instituciones demuestren que la justicia y la legalidad no son negociables, incluso en la búsqueda de soluciones a la crisis de vivienda.