Cuando ya creíamos que lo habíamos descubierto todo con las complejas redes criminales del “huachicol fiscal”, con ese contrabando de combustibles que llega desde Estados Unidos sin pagar impuestos, ahora aparece el “huachi-diésel”.
Es el contrabando del combustible pesado que se decía venía a surtir al autotransporte -el de carga y el de pasajeros- pero que en realidad se convirtió en el epicentro de un saqueo de miles de millones de dólares anuales, operado desde la Comisión Federal de Electricidad que presidió Manuel Bartlett y que se operó con la tolerancia -o quizás la completa complicidad- del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se estima que las mayores ganancias ilícitas en el contrabando de combustibles en el gobierno de la Cuarta Transformación no se dieron en el tráfico de las gasolinas -que son ya de sí ganancias multimillonarias- sino en el diésel que la Comisión Federal de Electricidad compraba a bajo precio a los contrabandistas que lo importaban de Estados Unidos. A eso es lo que hoy, en Código Magenta, bautizaremos como el huachi-diésel.
No se trata del diésel que ilegalmente se extrae de los ductos de Pemex. Ese lo hacen pobladores o miembros del crimen organizado en las pequeñas ciudades por donde pasan los ductos de Pemex y su destino de venta es el autotransporte de carga y de pasajeros. Es el diésel que se vende a pie de carretera o se surte ilegalmente con él a las gasolineras.
El huachi-diésel, en cambio, es el contrabando del combustible introducido en barcos, con cargas de hasta 25 millones de litros por entrega. Con descargas en los puertos de Altamira, Tampico, Tuxpan y Progreso donde se descargan entre cuatro y diez buques por semana. Esos más de 10 millones de litros de huachi-diésel sólo pueden ser colocados en las plantas generadoras de energía eléctrica.
Con ese huachi-diésel, la CFE opera sus plantas, sustituyendo, intencionalmente -y con enormes daños al medio ambiente- las energías limpias como el gas natural o la energía eólica o solar.
Ese huachi-diésel, comprado barato en Estados Unidos, de baja calidad, con alto contenido de azufre, es todavía hoy colocado en las plantas a través de empresas fachada, a un precio muy superior al que fue adquirido. Y las enormes y multimillonarias ganancias son distribuidas entre contrabandistas, factureros, distribuidores y directivos de CFE, que hicieron de ese huachi-diésel el gran negocio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo un cártel criminal cuyo saqueo impactó severamente a Pemex y al Erario nacional.
Lo que revelamos a partir de hoy en Código Magenta en una amplia investigación periodística que -así como lo hicimos desde hace ya tres años con el huachicol fiscal, que igualmente aquí lo bautizamos así- deja al descubierto toda una red criminal en la generación de energía eléctrica en México, una estrategia deliberada, fraguada desde el gobierno de la Cuarta Transformación, para elevar el consumo del huachi-diésel y suprimir el consumo del gas natural.
Es una acción creada con premeditación, alevosía y ventaja para enriquecer los bolsillos de quienes deficiente e impunemente degradaron las operaciones de las plantas generadoras de energía eléctrica en todo el país, sin importar los daños crecientes no sólo a las instalaciones generadoras, sino al medio ambiente.
Pero la gestación del huachi-diésel no fue obra de la casualidad. Fue un buen montado andamiaje de complicidades ideado por Manuel Bartlett, el director de la CFE, y su círculo más cercano, con el beneplácito y la bendición del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Y consistió en una estrategia que obligaba a cambiar combustibles limpios como el gas, empleado en las plantas de la CFE por huachi-diésel.
El primer paso fue satanizar intencionalmente, desde las entrañas mismas de Palacio Nacional, las compras de gas natural tanto a Estados Unidos como a Perú y Ecuador. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó entonces a los gobiernos prianistas de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto de corrupción, al pactar con empresas extranjeras la compra masiva de gas con sobreprecio. El golpe presidencial desde Palacio Nacional fue atacar a grandes corporaciones de energía, como la española Iberdrola o la norteamericana Sempra, para poner en evidencia los acuerdos de los gobiernos del PRIAN que, presumiblemente, pactaron y heredaron lucrativos contratos a largo plazo de compra de gas natural. El final de la estrategia fue cancelar esas compras de gas natural, buscando que el energético sustituto fuera el diésel.
Vino después un segundo golpe, -también desde el gobierno de la Cuarta Transformación- cuando el inquilino de Palacio Nacional decretó el fin de las energías limpias. Un absurdo video, recordamos, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionaba entonces lo poco estéticas que se veían las turbinas eólicas instaladas en las crestas de los lomeríos de Mexicali. Y así, con un video presidencial, se cancelaron cientos de millones de dólares en inversiones de energías limpias.
Y la puntilla que permitió a la CFE y a su director Manuel Bartlett retomar el control total de la energía eléctrica fue la cancelación de los permisos para que empresas privadas generadoras de energía eléctrica para su auto consumo se terminaran. Satanizaron la producción privada y la etiquetaron como plagada de corrupción. Todo volvió a manos de la CFE y el consumo del diésel se elevó. Las estimaciones son que las plantas consumían, en promedio, la mitad de diésel producido en Pemex y la otra mitad era huachi-diésel importado ilegalmente.
Pero ningún atraco puede tener éxito si no se ocultan las evidencias del crimen. Si se busca en los informes públicos los datos sobre el consumo de gas natural y del diésel en la CFE, entre 2018 y 2024, -el sexenio del presidente López Obrador las cifras se esconden. Estas son las respuestas a esas búsquedas.
Para las energías limpias, cito textual: “Los datos específicos del consumo de gas natural por parte de la CFE entre 2018 y 2024 no se encuentran disponibles en la información proporcionada”.
Y para el diésel y el huachi-diésel: “El consumo de diésel de la CFE entre 2018 y 2024 no está disponible públicamente en una forma granular y detallada para cada año”.
Todas estas cifras se escondieron detrás de CFE Energía, esta empresa que sirvió para opacar todas las compras de CFE que, al día de hoy, desconocemos.
Sin la posibilidad de explorar esas cifras, el crimen es perfecto. El huachi-diésel se suma al huachicol fiscal no sólo para destruir a Pemex y dañar seriamente al Fisco, sino para enriquecer los bolsillos de quienes fueron defendidos a capa y espada por quien fuera por seis años, el inquilino de Palacio Nacional.