Las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos bancos y una casa de bolsa mexicanas, a quienes señaló de haber lavado millones de dólares de los cárteles de las drogas en México y servir como facilitadores de compras de precursores químicos de China para producir fentanilo, cayeron muy mal al gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum descalificó al Tesoro porque “no hay pruebas” que sustenten sus penalizaciones, y se apoyaban en “dichos”. Las penas fueron contra los bancos Intercam y CIBanco, así como contra la casa de Bolsa Vector, cuya inclusión parece ser la causa de la enérgica respuesta del gobierno descalificando la investigación. No es para menos.
Vector Casa de Bolsa pertenece a Vector Empresas, un conglomerado cuyo presidente honorario es el empresario regiomontano Alfonso Romo, que fundó Pulsar, la firma matriz detrás de ese grupo, y que durante casi dos décadas fue muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y su vínculo con la iniciativa privada. Tejió relaciones y recaudó fondos para su campaña presidencial, y al llegar a Palacio Nacional, López Obrador lo nombró jefe de la Oficina de la Presidencia, que ocupó hasta finales de 2020. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, durante al menos dos años del gobierno obradorista, Vector lavó dinero para los cárteles, lo que deja en el imaginario colectivo que el presidente tenía a los cárteles de Sinaloa y del Golfo operando en la oficina contigua a su despacho.
Los efectos visuales son negativos para López Obrador, que siempre, apuntando al expresidente Felipe Calderón y a su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, decía que el presidente de México está enterado de todo lo que pasa en el país. Sus puñetazos políticos se le regresan hoy, con agravantes adicionales por su empeño de meter a Calderón en la cárcel, sin una visión jurídica estratégica para ver cuáles podrían ser las consecuencias de sus acciones.
Las acusaciones del Departamento del Tesoro, en efecto, son muy generales y sin detalles, como lo son todos los comunicados que emite a partir de las investigaciones y recomendaciones de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen, por su acrónimo en inglés). La queja de Sheinbaum sigue el mismo patrón de López Obrador cuando había imputaciones que afectaban a su gobierno y las descalificaban. Cuando había acusaciones sin sustento y sin pruebas, como en el caso de García Luna, era todo lo contrario: era corrupto y narcotraficante, y por proximidad, Calderón también debía serlo.
Precisamente, esa obsesión contra Calderón, que surge y se alimenta de rencor porque lo derrotó en la contienda presidencial en 2006, llevó a López Obrador a cometer errores que hoy le están costando, arrastrando con ello al gobierno de Sheinbaum. La investigación del FinCen tiene todos los elementos para afirmar que fue amarrada, de manera muy forzada se puede argumentar, a un caso que detonó, irónicamente, el gobierno de López Obrador, cuando en septiembre de 2019 el entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, acusó en una corte de Miami a García Luna de haber robado 250 millones de dólares durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y haber lavado dinero para comprar automóviles de lujo y transferir el dinero a Barbados y Estados Unidos.
No sabe el gobierno obradorista de López Obrador y Sheinbaum, para quién trabajaron. De acuerdo con el documento sobre Vector dado a conocer por el Tesoro, entre 2013 y 2019, “una empresa controlada” por García Luna condujo transacciones con Vector por más de 40 millones de dólares que, evaluó el FinCen, incluían “ganancias de los sobornos” que había recibido el exsecretario de Cártel de Sinaloa. Durante su juicio en Brooklyn, el juez Brian Cogan desechó todas las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York sobre presuntos ingresos de García Luna procedente de fuentes ilegales, aduciendo que no habían sido durante su gestión como funcionario.
La Fiscalía de Nueva York había sustentado esas imputaciones a partir de la demanda del gobierno mexicano en Miami, que afirmaba que el dinero que había recibido García Luna lo había escondido a través de la familia Weinberg, que eran sus prestanombres. El FinCen, se puede argumentar, involucró a Vector en el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa a partir de ese caso. El “negocio controlado” por García Luna señalado en los documentos sobre Vector, es el negocio de los Weinberg que, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, era en realidad del exsecretario.
El eslabón perdido se encuentra en la declaración ministerial de Alexei Weinberg, quien junto con su padre Samuel, negociaron el criterio de oportunidad con la Fiscalía General y el actual jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, para que, a cambio de imputar a García Luna y a su esposa, no pisaran la cárcel y mantuvieran algunas de sus propiedades en México y el extranjero.
Weinberg señaló que, entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, transfirieron 47 millones de dólares desde una cuenta en Barbados a la “organización criminal” formada por el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Aunque en total los Weinberg declararon haberles transferido poco más de 90 millones de dólares, la cifra de 47 coincide en monto y fecha con el señalamiento del FinCen sobre la transferencia de más de 40 millones de dólares de la empresa que dicen era propiedad de García Luna a través de Casa de Bolsa Vector.
El documento sobre Vector del Departamento del Tesoro conecta casos que no se ve que tengan relación entre ellos, para armar un nuevo expediente, a partir de los tontos útiles, que están resultando los Weinberg en toda esta trama, y la falta de análisis de riesgo, estrategia y buena asesoría jurídica de Nieto y Gómez sobre todos los escenarios que podrían existir en el desarrollo del caso contra García Luna.
De esta manera, el mapa presentado establece una red de vínculos que podría trazarse de esta manera:
1.- El Cártel de Sinaloa entrega sobornos a García Luna por protección, y el exsecretario los coloca en una empresa a nombre de los Weinberg.
2.- Casa de Bolsa Vector es el vehículo mediante el cual se realiza una transferencia de dinero de los Weinberg a Peña Nieto y Osorio Chong desde un paraíso fiscal en el Caribe.
3.- Como, en el argumento de los fiscales en Nueva York, las empresas de los Weinberg son de García Luna, y el dinero tiene su origen en el Cártel de Sinaloa, Casa de Bolsa Vector fue el instrumento mediante el cual esa organización criminal lavó su dinero.
No es la única relación de Vector que hace el FinCEN con el crimen organizado. Incluye también operaciones a favor del Cártel del Golfo, que opera en el noreste del país, la región donde está la casa matriz de la casa de bolsa, en San Pedro Garza García, suburbio de Monterrey. Pero lo altamente relevante es la red que forzadamente teje con García Luna y el Cártel de Sinaloa, por las implicaciones que tiene.
La declaración de los Weinberg, por lo que se pudo apreciar en el cruce de datos entre los testimonios ante la Fiscalía General y la documentación que presentó de manera general del Departamento del Tesoro, sugieren que en Estados Unidos criminalizaron el caso de Miami, que originalmente era administrativo, y lo elevaron a un nivel penal. Los Weinberg podrían ser los inmediatamente afectados, pero en una segunda instancia a quienes imputaron, Peña Nieto y Osorio Chong, que como a Vector y Romo, como su cabeza, podrían abrirles un proceso por crimen organizado. López Obrador, jefe superior inmediato de Romo en el periodo que abarcó el FinCEN, entra en el mismo supuesto de responsabilidad.
La imputación a Vector afecta pública y políticamente a Romo y a la 4T, por lo que empieza a ver un trabajo para protegerlo. Este jueves, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino Intercam y CIBanco para proteger los intereses de los ahorradores y los acreedores, pese a que el miércoles había descalificado la investigación del Tesoro, asegurando que no había pruebas. Hacienda informó que era bajo el artículo 129 de la Ley de Instituciones de crédito, que no es aplicable a casas de bolsa. Sin embargo, en esa misma línea, deberían haberlo hecho con Casa de Bolsa Vector, bajo la Ley del Mercado de Valores. El apellido Romo hizo la diferencia: Intercam y CIBanco no tienen sus nexos y relación con el padre de la 4T, López Obrador.