Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo la dirección de Manuel Bartlett, ha privilegiado el uso de diésel sobre el gas natural, una decisión que ha derivado en contratos por miles de millones de pesos con empresas sin trayectoria comprobada, según revela el periodista Rodrigo Carbajal en su columna “Huachi-diésel 3: La red Bartlett-Abdalá”, publicada en Código Magenta.
El uso intensivo de diésel para generación eléctrica en la Península de Yucatán y Baja California, regiones en riesgo de apagones, es producto del aplazamiento de los proyectos de gasoductos clave como Puerta al Sureste, Mayakán y Centauro del Norte, que no estarán listos antes de 2027.
Ante esta situación, CFEnergía, filial privada de la CFE, firmó en marzo de 2025 un contrato por 2,642 millones de pesos con Mejicali Turbine Energy, empresa constituida apenas en agosto de 2023, para suministrar combustible mediante turbinas portátiles. El acuerdo otorga a Mejicali la libertad de obtener diésel por cuenta propia y garantiza pagos diarios por 9.2 millones de pesos, una cifra que podría elevarse si el plazo de 157 días se extiende.
La operación estaría respaldada por una red de funcionarios y operadores cercanos a Bartlett y su pareja, Julia Abdalá, señalada como pieza clave en las adjudicaciones de centrales de ciclo combinado. Entre los colaboradores mencionados en la investigación se encuentran Miguel Reyes, exdirector de CFEnergía y actual integrante del gabinete de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; Axel Rodríguez Batres, exdirector de Operaciones y sobrino de Martí Batres; y Miguel López López, exdirector de Abastecimiento.
El entramado financiero utiliza fideicomisos de inversión que permiten ocultar la naturaleza de los contratos y evadir el escrutinio de instancias como la Auditoría Superior de la Federación.
Rodrigo Carbajal señala que el contrato con Mejicali Turbine Energy es solo una fracción del posible negocio del huachi-diésel, estimado en decenas de miles de millones de pesos si se considera el número total de unidades generadoras operando con diésel en el país.
Además, se menciona que el modelo de operación guarda similitudes con estructuras usadas por Sergio Carmona, empresario ligado al contrabando de combustible y presunto financista de campañas políticas. El papel del exfuncionario de Pemex, José Manuel Carrera Panizzo, inhabilitado por su participación en el caso Agronitrogenados, también es mencionado como asesor externo de Abdalá.
Finalmente, Carbajal expone que las mismas empresas acusadas en 2019 por Bartlett de firmar contratos “leoninos”, como Carso y TC Energy, ahora son responsables de construir los gasoductos cuya ausencia hizo necesario recurrir al diésel. En contraste, la oficina del director de la CFE contrató en su momento a un investigador privado para demandar en Estados Unidos al exdirector de CFEnergía, Guillermo Turrent, por acuerdos con proveedores extranjeros de gas.
A pesar de las promesas iniciales de desaparecer CFEnergía, la filial ha crecido hasta convertirse en el eje de una estructura paralela de negocios energéticos con escaso control público.
