El Gobierno del expresidente Donald Trump ha presionado al de México para que investigue y procese a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado, e incluso los extradite a Estados Unidos si enfrentan cargos, según informaron cuatro personas familiarizadas con el tema.
La presión se ha ejercido en al menos tres ocasiones por parte del Secretario de Estado, Marco Rubio, y su equipo, quienes han planteado la exigencia en reuniones bilaterales con funcionarios mexicanos. El objetivo, de acuerdo con las fuentes, es que la administración de Claudia Sheinbaum lance una ofensiva sin precedentes contra la corrupción relacionada con el narcotráfico, incluyendo a integrantes del partido Morena.
Entre las medidas discutidas se encuentra la amenaza de imponer nuevos aranceles a productos mexicanos si no se actúa contra varios políticos presuntamente involucrados, según detallaron dos de las fuentes.
La petición inicial ocurrió el 27 de febrero durante una reunión en Washington entre Rubio y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. También estuvieron presentes la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi; funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y Tesoro; así como el Fiscal General de México, Alejandro Gertz, y el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Washington también propuso nombrar a un “zar del fentanilo” para mantener contacto directo con el equipo de Sheinbaum, como parte de los esfuerzos para frenar el tráfico de ese opioide sintético hacia Estados Unidos.
México extraditó a 29 miembros de cárteles a finales de febrero, en lo que se consideró la mayor entrega de este tipo en años. De acuerdo con dos fuentes, en las conversaciones también se discutió la posibilidad de acelerar la detención o deportación de objetivos prioritarios para la DEA y el FBI.
La lista de políticos mencionados en las conversaciones incluye a cinco funcionarios activos de Morena y a un exsenador, entre ellos la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien el 11 de mayo informó que Estados Unidos le revocó la visa de turista a ella y a su esposo. No se detallaron los motivos y las autoridades estadounidenses no han comentado al respecto.
Aunque la Fiscalía General de la República es un órgano autónomo, funcionarios estadounidenses han reiterado su preocupación por una supuesta protección a políticos vinculados con cárteles, mientras que en México los funcionarios en activo tienen inmunidad procesal, salvo en casos de delitos graves autorizados por el Congreso.
La última ocasión en que Estados Unidos actuó directamente contra un funcionario mexicano en activo fue en 2020, cuando se detuvo en Los Ángeles al exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, generando una crisis diplomática. Los cargos fueron retirados y Cienfuegos regresó a México, donde no ha enfrentado juicio.
