Cuando el narco se profesionaliza y comienza a hablar inglés legal, es momento de encender todas las alarmas. Ya no basta con detener al sobrino del cártel, confiscar una lancha rápida o hacer teatro con capturas mediáticas. Ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en voz de su Fiscal General Adjunto Todd Blanche, quiere saber cuántos funcionarios mexicanos han sido “untados” por el crimen organizado y a través de qué empresas fachada han lavado sus millones.

En otras palabras, la DEA se moderniza, el FBI se especializa y la Casa Blanca se arma con leyes anticorrupción para torcerle el cuello, ahora sí, al narcofuncionario. Y lo que no ha querido investigar México, lo investigará Washington.
Con nombre, apellido y número de cuenta.

El memorándum que huele a guerra

El documento fechado el 9 de junio es más que una hoja timbrada. Es una declaratoria formal de guerra legal y financiera contra funcionarios extranjeros –léase: mexicanos– que hayan recibido sobornos de los cárteles. El truco está en cómo lo dicen: no se trata sólo del narco como tal, sino de su influencia sobre gobiernos, bancos, empresas y partidos políticos.

Y aquí, perdón por el sarcasmo, México lleva la delantera. Porque aquí el narco no necesita infiltrarse en las instituciones: aquí tiene pase VIP, acta de nacimiento, familia con cargo público y hasta padrón electoral.

Empresarios, tiemblen: ya están en la mira

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) puede parecer un nombre aburrido, de esos que suenan a trámite notarial o reporte contable. Pero es un misil de precisión. Y cuando se usa contra cárteles y empresas mexicanas, el daño colateral huele a cárcel en Miami, cuentas congeladas en Nueva York y extradiciones por traición al fisco gringo.

Por eso, la abogada Estefanía Medina no exagera al advertir que los sectores bancario y comercial deben ponerse en modo “compliance extremo”. Porque mientras aquí se firman convenios de “cero corrupción”, allá se preparan carpetas, órdenes judiciales y cadenas perpetuas.

Combustible criminal: la otra fuga

Y como si el soborno no fuera suficiente, el Financial Times advierte que la ordeña de ductos en México ya es cosa de amateurs. Ahora lo de moda es contrabandear gasolina y diésel desde Estados Unidos. Un crimen transfronterizo que se traduce en hasta 21 mil millones de dólares anuales. Eso no es robo: es una petrolera paralela. Y muy probablemente, con protección institucional.

¿Quién controla esas rutas? ¿Quién firma los permisos? ¿Quién “no se dio cuenta”? Las respuestas podrían encontrarse en ese mismo memorándum del Departamento de Justicia. Y cuando los gringos se hacen esas preguntas, no paran hasta encontrar respuestas… con nombre y apellido.

¿Y el gobierno mexicano? Bien, gracias.

Frente a todo esto, el régimen guarda silencio. Quizá porque el ruido vendrá después, cuando empiecen a caer las primeras órdenes de arresto internacionales. O quizá porque alguien en Palacio cree que con sobar a los cárteles basta para que se calmen. Malas noticias: el narco ya no quiere abrazos. Quiere bancos, elecciones, contratos públicos. Y los está consiguiendo.

Y ahora, lo que no quiso hacer la 4T, lo hará el DOJ.
Bienvenidos a la guerra contra la narcopolítica 2.0.
Con código penal… y subtítulos en inglés.