Alejandra Cuevas Morán presentó este miércoles una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acusa al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de utilizar el poder del Estado para perseguir a su familia durante casi una década. La denuncia incluye hechos que, según Cuevas, afectaron directamente a su madre, sus hijos y a ella misma.

El conflicto comenzó en 2015, cuando murió Federico Gertz Manero, hermano del actual fiscal, tras un mes hospitalizado en una clínica privada. Gertz acusó a Laura Morán Servín —pareja del fallecido durante 60 años— y a su hija, Alejandra Cuevas, de abandono. Aunque la Fiscalía capitalina archivó la denuncia en 2016, esta fue reactivada en 2019, justo después de que Gertz asumiera como fiscal general.

En octubre de 2020, Cuevas fue detenida mientras iba en auto con su hijo por Paseo de la Reforma y trasladada al penal de Santa Martha Acatitla. Se le acusó de homicidio por omisión bajo la figura jurídica de “garante accesoria”, un concepto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) posteriormente declaró inexistente en la ley mexicana.

Permaneció 528 días en prisión sin pruebas ni sentencia, hasta que en marzo de 2022, la SCJN ordenó su liberación. El máximo tribunal también determinó que Laura Morán, entonces de 94 años, no debía enfrentar proceso alguno.

Antes de su liberación, la defensa de Cuevas había conseguido un amparo, pero la FGR lo impugnó. Fue entonces cuando la Corte atrajo el caso por petición del ministro presidente Arturo Zaldívar, quien advirtió riesgos de influencia indebida en tribunales inferiores. Poco después, se filtró una conversación entre Gertz y su fiscal de Control Competencial, en la que admitían haber obtenido ilegalmente los proyectos de resolución de dos amparos y hablaban de haber influido en al menos “tres o cuatro ministros”, incluyendo al presidente de la Corte.

El nuevo proyecto fue elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien propuso un amparo liso y llano al no encontrar sustento legal en la acusación. Durante este proceso, los hijos de Cuevas —Ana Paula, Alonso y Gonzalo— iniciaron una campaña pública para denunciar el uso político de la justicia.

En agosto de 2022, Gertz Manero acusó a Alonso de presunta extorsión mediática. En un intento por frenar la persecución, la familia entregó obras de arte de Federico Gertz, 3.5 millones de pesos y documentos legales relacionados con la pensión de Laura Morán, sin obtener resultados.

La madre de Cuevas, Laura Morán, falleció el 29 de febrero de 2024 a los 97 años. Nunca recibió una sentencia, pero pasó sus últimos años bajo arraigo domiciliario. Alejandra Cuevas narró que, tras su liberación, su familia tuvo que salir del país por miedo a nuevas represalias.

En su comparecencia ante la CIDH, Cuevas sostuvo que su encarcelamiento no fue un accidente judicial, sino un acto deliberado: “Fue ejecutado con precisión por instituciones que traicionaron su mandato constitucional y se opusieron al servicio de la venganza”, declaró. También afirmó que tanto ella como su madre fueron criminalizadas por haber cuidado y amado, y que el proceso terminó afectando a hijos y nietos.

Cuevas pidió a la CIDH que declare al Estado mexicano responsable por las violaciones cometidas contra su familia y solicitó medidas de reparación, garantías de no repetición y restitución de su proyecto de vida. “Que mi historia sea la última”, concluyó.

En la entrega de la denuncia fue acompañada por Adrián LeBarón, activista que también ha recurrido a instancias internacionales tras la pérdida de parte de su familia.