Washington.— La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó la demanda presentada por México contra fabricantes de armas, en la que el gobierno acusaba a estas compañías de fomentar la violencia en el país al facilitar armamento a los cárteles.

El fallo fue unánime y se basó en leyes estadounidenses que protegen a los fabricantes de armas de responsabilidad civil cuando sus productos son usados en actos delictivos. La jueza Elena Kagan afirmó que las acusaciones de México no cumplían con los requisitos legales para probar que las empresas ayudaron intencionalmente a traficantes de armas.

“La demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados hayan ayudado e instigado la venta ilegal de armas de fuego por parte de los traficantes de armas a traficantes mexicanos”, se lee en la resolución del tribunal.

La demanda, presentada en 2021, incluía a Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock, entre otros fabricantes. México sostenía que las empresas eran conscientes de que sus armas eran adquiridas por traficantes para ser ingresadas ilegalmente al país, y que decidieron aprovechar el mercado generado por el crimen organizado.

El caso había sido previamente desestimado por un juez federal bajo una ley de 2005 que protege a las empresas de armas, pero luego fue revivido por un tribunal de apelaciones, que consideró que el caso podría entrar en una excepción legal cuando se acusa a los fabricantes de violar la ley de forma deliberada.

El gobierno mexicano había solicitado que el caso siguiera su curso al encontrarse aún en sus etapas iniciales. Según sus estimaciones, al menos 70% de las armas que ingresan ilegalmente a México provienen de Estados Unidos.

En otros procesos judiciales, la misma excepción legal ha sido invocada con éxito. Las familias de las víctimas del tiroteo en Sandy Hook, por ejemplo, lograron un acuerdo por 73 millones de dólares con el fabricante Remington, al argumentar que la empresa violó leyes estatales al promocionar el rifle AR-15 utilizado en la masacre.