La jueza de control Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna, por los presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román. Además, le prohibió ejercer el periodismo, actividad que ha desempeñado durante más de 50 años, y ordenó el cierre definitivo de la plataforma digital del periódico.
La decisión fue tomada tras una audiencia que se prolongó por más de 12 horas. La jueza también resolvió vincular a proceso a Isidro Yerbes, representante legal de Organización Editorial del Sureste, empresa editora del medio.
Pese a que la defensa presentó documentos que acreditan la jubilación de González Valdez desde 2017 y su falta de vínculo con la administración actual del portal, la jueza determinó que él ordenó la publicación de los contenidos que motivaron la denuncia. Según el fallo, las publicaciones contenían presuntas ofensas personales dirigidas contra Sansores San Román.
El diario Tribuna dejó de circular en su versión impresa desde febrero de 2023 y operaba únicamente en formato digital. La jueza ordenó su cierre total al considerar que las publicaciones excedieron los límites de la libertad de expresión e incurrieron en “libertad de agresión”, como lo expresó la gobernadora en su denuncia.
González Valdez también fue sentenciado al pago de una indemnización de dos millones de pesos por daño moral al director estatal de Comunicación Social, Walther Patrón Bacab.
El periodista fue detenido el pasado 9 de abril por elementos de la Policía Estatal, luego de un altercado en el que, según los informes, intentó defender a un motociclista detenido por no portar documentos. Fue acusado de faltas a la autoridad y lesiones, y permaneció 36 horas en los separos de la Fiscalía Estatal.
A pesar de que no se dictó prisión preventiva por tratarse de un adulto mayor de 71 años, González Valdez denunció el embargo de varias de sus propiedades para garantizar el pago de la sanción. Su equipo legal sostuvo que la gobernadora utilizó a abogados de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para su demanda, aunque fue presentada en su carácter de ciudadana.
