No griten. No opinen. No molesten. No informen.

Bienvenidos al México donde disentir comienza a ser un delito y preguntar es visto como una agresión. Con elegancia legislativa y argumentos endulzados con azúcar de derechos y miel de protección emocional, avanza la censura en el país. Y no sólo avanza: desfila, se pavonea, se impone.

Primero fue Puebla, que con su “Ley Censura” inaugura el paraíso del castigo por decir lo que molesta. Tres años de cárcel y hasta 40 mil pesos de multa por lanzar un tuit ofensivo o un comentario considerado vejatorio en redes. ¿Quién decide qué es vejación? Fácil: el poder.

Después vendrá el resto del país, con Morena orquestando reformas donde se puede censurar, espiar, apagar contenidos, desaparecer plataformas, husmear celulares y declarar ilegal hasta el silencio incómodo. La pesadilla distópica ya no es Black Mirror. Es el Diario Oficial de la Federación.

En este país, donde periodistas desaparecen con la misma facilidad que la transparencia, donde las fiscalías son más hábiles demandando a columnistas que capturando criminales, el delito de “opinar” se configura rápido. Es el nuevo enemigo público: el que investiga, el que denuncia, el que hace periodismo.

Leopoldo Maldonado lo dice sin rodeos: el panorama es “poco halagüeño”. Eufemismo elegante para no decir que nos lleva el carajo.

El Estado espía. El Ejército espía. El Congreso aprueba que espien. La ley aplaude. Y la Suprema Corte, si no se cuida, terminará de florero decorativo en la nueva sala de trofeos del régimen.

Una reforma tras otra, todas envueltas en papel celofán con moño de seguridad nacional. Que si para cuidar a la ciudadanía, que si para combatir la extorsión, que si para defender la moral pública. Palabrería. Pura coartada para institucionalizar el control de la palabra.

Y mientras tanto, se exigen disculpas públicas por un tuit, se procesan periodistas por “incitación al odio”, se bloquean columnas incómodas y se activan los protocolos de censura previa con tal velocidad que uno pensaría que vivimos en Corea del Norte con presupuesto de Instagram.

La Sociedad Interamericana de Prensa lo advierte: esta clase de normas borran información incómoda del espacio público. Pero sobre todo, borran memorias. Y si un país olvida, repite. Y si repite, se condena.

En Puebla, Campeche y Tamaulipas ya empezaron. La lista seguirá creciendo. Porque el modelo funciona: persigue, censura, castiga. Y todo bajo el disfraz del derecho al bienestar emocional.

La libertad de expresión no necesita enemigos externos. Ya tiene suficientes desde el poder.

Y el poder, cuando se siente incómodo, censura. Porque tiene miedo.

Miedo al espejo que le pone enfrente el periodismo.

Y ese miedo, caro lector, sí que debería asustarnos a todos.