El gobierno de Estados Unidos se incorporó formalmente a la investigación del atentado contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, luego de que se confirmara que el arma utilizada en el ataque fue comprada en Arizona. La participación estadounidense pone bajo la lupa al Cártel de Sinaloa, organización que tendría operaciones activas en los departamentos colombianos de Tolima y Santander.
Uribe Turbay, quien ha solicitado en repetidas ocasiones mayor protección durante sus recorridos por esas zonas, sufrió una reducción del 50% en su equipo de seguridad al momento del atentado. El presidente Gustavo Petro cuestionó duramente al organismo responsable de asignar custodias, compuesto principalmente por policías y excomisarios.
El Departamento de Estado estadounidense notificó al gobierno colombiano su participación en la pesquisa, mientras da seguimiento a los movimientos de Iván Archibaldo Guzmán en territorio colombiano. En paralelo, se anunciaron nuevas sanciones contra Guzmán por parte de Washington, medidas que fueron respaldadas en México por Omar García Harfuch.
La semana pasada, la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, había revelado la conformación de una mesa de seguridad conjunta entre Colombia, México y Estados Unidos para enfrentar las actividades del crimen organizado en la región.
La investigación ha revelado además que el sicario que ejecutó el atentado es menor de edad, una práctica que ha ganado notoriedad recientemente en Sinaloa, donde una célula de adolescentes fue detenida hace un mes. Un día después de esa captura, se reportó el asesinato de dos colaboradores cercanos a Clara Brugada, actual jefa de Gobierno capitalina.
El partido Centro Democrático, al que pertenece el senador Uribe, denunció este martes que la Fiscalía de Medellín investiga supuestos ofrecimientos del crimen organizado para atentar contra figuras políticas. Según fuentes diplomáticas citadas por medios locales, la suma ofrecida habría sido de 8 millones de dólares, cifra que también se ha identificado en operaciones criminales en México.