Los Ángeles, California, se encuentra en estado de tensión tras una serie de protestas contra redadas migratorias que derivaron en disturbios, incendios de vehículos, bloqueos viales y múltiples arrestos. Las manifestaciones, que iniciaron en el centro cívico, fueron declaradas “ilegales” por las autoridades luego de que se reportaran daños a la propiedad, incluyendo el incendio de unidades automotrices.
La policía local realizó detenciones, aunque no se ha revelado el número exacto de personas arrestadas. En respuesta a los hechos, el presidente Donald Trump elogió el actuar de la Guardia Nacional, desplegada en distintos puntos de la ciudad, y arremetió contra el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, a quienes calificó de incompetentes.
Trump calificó las manifestaciones como obra de la “izquierda radical” y anunció una prohibición del uso de mascarillas durante protestas, al cuestionar las motivaciones de quienes las portan.
La alcaldesa Karen Bass ofreció una conferencia en la que lamentó la situación: “Lo último que necesita nuestra ciudad es esto”, declaró, señalando que Los Ángeles aún no se recupera de los recientes incendios. Bass afirmó haber estado en comunicación con el Gobierno Federal en un intento por evitar esta escalada.
Por su parte, el gobernador Newsom acusó a Trump de buscar un “espectáculo” con el despliegue de la Guardia Nacional, e hizo un llamado a mantener la paz. Mientras tanto, las protestas escalaron hasta bloquear la autopista 101, y la policía utilizó balas de goma contra manifestantes frente a la corte de inmigración.
Desde México, el Senado de la República condenó las acciones migratorias en California, calificándolas como una “violación de derechos humanos” y señalando que se han realizado detenciones sin orden judicial ni procesos legales.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, encabezó el posicionamiento oficial, en el que también se denuncia que la única vía de regularización, el programa CBP One, fue clausurado por la administración de Trump, dejando a más de tres millones de personas sin opción para legalizar su estancia.
El gobierno mexicano también denunció un aumento en la presencia militar en California y llamó a evitar actos de represión contra la comunidad migrante. “Se está llevando a cabo una verdadera cacería disfrazada de política migratoria”, señala el comunicado.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció sobre los hechos, afirmando desde Puebla que “no son criminales” los 35 mexicanos detenidos y subrayó que cuentan con respaldo consular.
Las manifestaciones continúan en diferentes sectores de Los Ángeles, donde autoridades locales mantienen vigilancia mientras la tensión social se mantiene elevada.
