En los momentos más cruciales para frenar la inseguridad en México, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Seguridad Ciudadana entraron en abierta confrontación. Y el desenlace del desencuentro es de pronóstico reservado.
La disputa entre los secretarios Ricardo Trevilla y Omar García Harfuch escaló a tal punto que, en la reunión de Seguridad del viernes pasado en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum se vio obligada a mediar para enfriar los ánimos desbordados.
El epicentro del conflicto radicó en que a pesar de que la inquilina de Palacio Nacional prometió desde el primer día de su gobierno que Omar García Harfuch -su hombre de más confianza- concentraría los esfuerzos para coordinar la seguridad nacional, incluyendo el control de los servicios de inteligencia, a siete meses de iniciado el sexenio eso no se ha materializado del todo.
Y el conflicto estalló el pasado 29 de abril, durante el simulacro de la alerta sísmica en la Ciudad de México. Y en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional, en avenida Constituyentes, la chispa se encendió cuando elementos de Omar García Harfuch les pidieron a los hombres del general Ricardo Trevilla la entrega de esas oficinas que debió consumarse meses atrás. La orden desde el alto mando militar fue que se desalojaran, pero la sorpresa fue que, al momento de ser recibidas, por Seguridad Ciudadana acusaron que estaban desmanteladas.
Los militares al frente de la Guardia Nacional se habían llevado las computadoras y todos los equipos de tecnología para operaciones de inteligencia, bajo el argumento de que era su información. Dejaron el cascarón de esas oficinas, sólo con algunas sillas y escritorios. Y no existe presupuesto disponible en Seguridad Publica para reequiparlas. Y este es sólo el último episodio de los desencuentros.
Lejos de operar como una unidad, la Defensa y la Guardia Nacional andan por un lado y Seguridad Ciudadana por otro, aunque quien da los golpes a contrapelo al crimen organizado sean los hombres de García Harfuch. Y el caso está tan tenso, que la inquilina de Palacio Nacional se vio obligada a pedir prudencia a ambas partes.
Las tensiones crecen todavía más porque los golpes asestados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana están ubicando al Centro Nacional de Inteligencia como uno de los epicentros de la incompetencia o de la complicidad con el crimen organizado. Y ese fuego alcanza al general Audomaro Martínez, quien en el sexenio pasado operó la inteligencia nacional que terminó por no ser lo inteligente que exigía el momento. El general tabasqueño, muy cercano al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, adquirió gran poder a la par del entonces secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.
Audomaro Martínez ha sido señalado como uno de los principales operadores en la trama del huachicol fiscal y también en el tráfico de migrantes. Entre sus cercanos colaboradores es vinculado, tanto con Sergio Carmona Angulo como con Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, ambos personajes ligados al huachicol fiscal y que lo visitaban en sus oficinas. El primero -Carmona Angulo- ejecutado en una barbería de San Pedro Garza García. El segundo -Ramírez Salinas- muerto hace dos semanas al caer su auto en un barranco en una carretera entre Colima y Jalisco. Ambos sabían demasiado.
Conforme avanzó en el sexenio del presidente López Obrador fue claro el fortalecimiento de un eje de poder entre la Secretaría de la Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia. Nunca reportaron operaciones de huachicol fiscal y siempre le garantizaron al inquilino de Palacio Nacional que era falso que en México se produjera fentanilo. Mentira.
Debió sentarse en la silla presidencial Claudia Sheinbaum para que su secretario de Seguridad Ciudadana actuara y se lograran los primeros decomisos de millones de litros de huachicol fiscal en Baja California y Tamaulipas, así como el desmantelamiento de más de 896 laboratorios de fentanilo en 19 estados. La farsa rodó por su propio peso y puso en evidencia la incompetencia o la complicidad, tanto de la Secretaría de la Defensa como del Centro Nacional de Inteligencia. Y ese cambio de “balazos por abrazos” elevó todavía más las tensiones.
Pero el nerviosismo dentro de las Fuerzas Armadas escaló aún más, cuando el domingo pasado, el presidente Donald Trump confirmó a bordo del Air Force One que había presionado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que autorizara la entrada de militares estadounidenses a México, con la intención de apoyar el combate a los cárteles de la droga. La inquilina de Palacio Nacional rechazó la propuesta de inmediato y dijo que se aceptaba una colaboración, pero “ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro”.
El viernes 9 de mayo, luego de la ríspida reunión de Seguridad en la que se ventilaron las diferencias entre las Fuerzas Armadas y las áreas de seguridad e inteligencia, el general Ricardo Trevilla respondió a la propuesta del presidente Donald Trump afirmando, frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, que las Fuerzas Armadas y la sociedad pueden hacer frente a cualquier amenaza. Si así es ¿por qué estamos sumidos en la peor ola de violencia en la historia del México moderno?
Al final del día, está claro que, en materia de seguridad, existen dos visiones encontradas en el gobierno de la Cuarta Transformación: la que defiende el osado de “abrazos y no balazos” y la que comienza a dar golpes a los criminales modificando la estrategia por la de “balazos, nada de abrazos”. La confrontación está en marcha y creciendo.
Por lo pronto, este fin de semana, el gobierno de los Estados Unidos dio un paso en firme al retirarle la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y a su esposo Carlos Torres. Sí, es la mandataria del estado donde se dio semanas atrás un decomiso millonario de huachicol fiscal en terrenos de un senador de Morena. Un estado que también es paso obligado para el tráfico de fentanilo. Ya conoceremos los motivos.