La sequía extrema en Sonora ha alcanzado niveles históricos, con los 72 municipios del estado enfrentando una crisis sin precedentes. El sistema de presas apenas cuenta con 11.5% de almacenamiento, y en la presa Álvaro Obregón (El Oviachic), ubicada en el municipio de Cajeme, han emergido vestigios de tres pueblos que fueron inundados hace más de siete décadas.

La baja en el nivel del embalse ha dejado al descubierto tumbas de colonizadores jesuitas del siglo XVII, estructuras como escuelas, iglesias y panteones, así como restos de árboles sepultados en el fondo. Estas comunidades —Buenavista, Cumuripa y San Isidro— fueron desplazadas entre 1947 y 1952 para la construcción de la presa, durante el sexenio del expresidente Miguel Alemán Valdés.

Según datos del Monitor de Sequía, al 15 de abril de 2025, 100% del estado está en condiciones de sequía extrema o excepcional. Las pérdidas económicas son incuantificables, y los incendios forestales en la zona serrana cercana a Chihuahua han intensificado la emergencia.

En el sector ganadero, se estima un desplome del 50% en el padrón de vientres, y el escenario podría empeorar si no llueve antes de julio. Julio Aldama Solís, expresidente de la Asociación Ganadera del Valle del Yaqui, advierte que la falta de agua y alimento ha causado la muerte de decenas de reses, cuyos restos quedaron al descubierto en cementerios improvisados a cielo abierto.

En el sector agrícola, cerca de 250 mil hectáreas de los valles del Yaqui y del Mayo no fueron sembradas esta temporada, lo que representa un impacto directo en más de 18 mil millones de pesos de derrama económica y cinco millones de jornales que no se generaron, según Luis Antonio Cruz Carrillo, presidente de la AOASS.

Aunque se utiliza agua de pozo, no todas las fuentes son de calidad, y los cultivos presentan bajos rendimientos. El gremio agrícola pide al gobierno federal declarar zona de desastre al sur de Sonora para acceder a recursos extraordinarios.

Desde el 22 de febrero de 2024, el gobernador Alfonso Durazo emitió una declaratoria de emergencia hídrica, que incluye medidas como el acarreo de agua en pipas y programas de inducción de lluvias. Sin embargo, las condiciones se agravan con temperaturas superiores a los 40 grados apenas al inicio de la primavera.