Dicen que saber gobernar es saber elegir, y la administración de Claudia Sheinbaum se está acercando al punto en que tendrá que elegir: ir contra las redes de protección y complicidad del crimen organizado o terminar en un choque inevitable con la administración de Donald Trump. Si la política se hace de gestos, tenemos muchos en los últimos días, a ambos lados de la frontera, que establecen ese rumbo de choque.
Este fin de semana, en un operativo de fuerzas federales, les fueron incautadas drogas, armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos al alcalde de Cuautempan, Puebla, Gerardo Cortés Caballero, de Morena-PT. El comunicado de la fiscalía estatal asegura que los operativos se realizaron “como resultado de labores de inteligencia y de campo realizadas ante reportes de diversas actividades ilícitas entre éstas, el cobro de 200 a 500 pesos a comerciantes por dejarlos trabajar, el robo de mercancía a transportistas y a negocios, así como venta y distribución de droga”. El alcalde está prófugo.
Ayer mismo se informó que a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila (Morena), y a su esposo, Carlos Torres, les fue retirada la visa para ingresar a Estados Unidos, ambos están siendo investigados. Es la primera gobernadora en funciones a quien se le retira la visa estadunidense.
Hace unos días, la agencia migratoria de Estados Unidos detuvo en Brownswille, Texas, al alcalde de Matamoros, Tamaulipas, José Alberto Granados Fávila (Morena): fue detenido, interrogado durante horas, junto con sus acompañantes y le fue retirada y destruida su visa, cuando intentaba cruzar el puente internacional Brownsville-Matamoros.
Está siendo investigado por presuntos nexos con el Cártel del Golfo. Durante el interrogatorio, las autoridades estadunidenses cuestionaron a Granados Fávila sobre su relación con Édgar Alejandro “V”, empresario detenido en enero de 2025 en Brownsville, Texas, con 8.8 kilos de cocaína. Fuentes estadunidenses indicaron que el alcalde estaba siendo monitoreado desde hacía meses por presuntos vínculos con miembros de alto nivel del Cártel del Golfo.
La semana pasada fue detenido José Asunción Murguía Santiago (MC), presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, arrestado por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en relación con las investigaciones del rancho Izaguirre. Se presume que recibía pagos mensuales del cártel y facilitaba protección policial para las actividades ilícitas del grupo. Pero no nos engañemos, apenas se comience a investigar de verdad esa trama, el alcalde será sólo una hebra de una red de protección que opera en buena parte de Jalisco, Colima, parte de Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Estado de México para el CJNG.
Desde enero, en Frontera Comalapa, Chiapas, fue detenido José Antonio Villatoro, alcalde interino, por corrupción y presuntos vínculos con grupos delictivos, desaparición forzada, extorsión y homicidio. Era parte, como muchos otros funcionarios estatales del gobierno de Rutilio Escandón, de los distintos cárteles que se asentaron en el estado los seis años anteriores. Y en una de las decisiones más extrañas que se han tomado en mucho tiempo, Rutilio Escandón, en vez de estar siendo investigado, es el cónsul de México nada menos que en Miami.
Se supone que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga actualmente a 17 alcaldes de Morelos por presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque hasta ahora no se han reportado detenciones formales de alcaldes en este periodo, sino investigaciones en curso.
Cuauhtémoc Blanco, con todo tipo de denuncias sigue despachando en la Cámara de Diputados. Los mismo ocurre con los gobernadores de Tamaulipas y Sinaloa, o con exgobernadores de Tabasco.
En el Estado de México desde noviembre se lanzó la operación Enjambre con numerosos alcaldes acusados y detenidos. Ha avanzando, pero se esperaba mucho más; como que se estancó por decisiones políticas.
Se asegura que hay algunos gobernadores que se quedarán sin su visa estadunidense por sus presuntas relaciones con el crimen, como también le sucedió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a varios de sus familiares y funcionarios.
Hasta ahora no dejan de ser gestos y respuestas tímidas que inevitablemente se irán incrementando en la medida en que no haya respuestas contundentes. Más allá de los avances realizados por el gobierno federal en el ámbito de la seguridad, concentrados en puntos específicos del país, en otros se sigue desbordando la violencia y la administración de Trump lo que reclama es romper tramas de protección y corrupción que estiman que llegan a altos niveles, sobre todo de la administración anterior.
Y tienen muchos instrumentos para avanzar en ello: los acuerdos de culpabilidad de Ovidio y Joaquín Guzmán López, los próximos procesos de El Mayo Zambada (que busca también un acuerdo con la fiscalía) y el juicio, que será paradigmático, de Rafael Caro Quintero, más los de los otros 28 delincuentes enviados semanas atrás a la Unión Americana, le otorgan a la justicia de ese país un arsenal inagotable en los meses previos a la renegociación del T-MEC. La administración de Sheinbaum tendrá que elegir entre adelantarse a las presiones, o quedar constantemente a la defensiva, pagando costos cada vez mayores.