La reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos permite que personal de Pemex, CFE, Centro Nacional de Inteligencia, SAT, Banco de México, entre otras entidades, puedan portar armas. De hecho, dice “personas físicas o morales puedan portar armas para el desarrollo de sus funciones de seguridad que emita la Secretaría de la Defensa Nacional siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos”.
Pongo mi primer requisito: que nos expliquen cómo una persona moral, puede usar armas. Más allá de que la reforma viene de la Consejera Jurídica de la Presidencia, los integrantes morenistas del Poder Legislativo deberían detectar y eliminar ese tipo de pifias.
Esta reforma también endurece las penas y sanciones a quienes trafiquen e introduzcan armas al país, al mismo tiempo que supuestamente facilitan permisos para tener un arma en el domicilio para defenderse de los delincuentes.
Estas reformas a la citada ley incrementan dos problemas que se resumen en una mayor probabilidad de accidentes, violencia y muertes por arma de fuego en el país.
Para ser un gobierno “pacifista”, esta propuesta de la 4t deja mucho que desear. Pero hay más: México es firmante de la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable, cuya meta 16.1 dice: “todos los estados harán lo posible por reducir todas las formas de violencia y tasas de muerte”.
Evidentemente esto se complica cuando hay más armas, más permisos de portarlas y más laxitud en el uso; tener un arma debiera suponer saber manejarla y no tenerla al alcance de los menores.
Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública “en 2023, ocurrieron más de tres mil incidentes relacionados con armas de fuego en el ámbito doméstico y un alto porcentaje de ellos involucró a menores de edad.” (octubre de 2024).
Sigamos. El permitir que algunos funcionarios públicos porten y usen armas es crear una diferencia entre la ciudadanía. Por ley ya hay dos tipos de personas: los que pueden portar armas de cierto calibre y el resto, que podrá ser amedrentado, violentado, vapuleado y sí, hasta baleado si el otro grupo ciudadano así lo decide.
La reforma que permiten a ciertos funcionarios públicos tener armas, divide a los ciudadanos en de primera y de segunda. Para ser un gobierno que busca la “igualdad”, legalizaron una de las formas más crudas de discriminación. Las implicaciones de esto se medirán en más muertos, sangre, venganzas y odios.
No niego la violencia que envuelve al país. Tampoco que la cantidad de armas ilegales que existen son un peligro para todos. Pero esta reforma es un cambio significativo en la política de Seguridad Pública. De cierta forma olvida la responsabilidad constitucional del gobierno de garantizar la seguridad a su población vía sus Fuerzas Armadas y otorga a sus funcionarios, que son civiles, esa responsabilidad. Con otro problema fundamental, no se está garantizando la capacitación requerida para el uso de dicho armamento.
Esa capacitación debiera tener varios aspectos. Entre otros, que sepan utilizar las armas y que tengan un estado psicológico adecuado para portarlas.
Algo parecido sucede con el resto de los artículos reformados en la mencionada ley (más de 50). Preocupa y mucho que nada se especifica al respecto de la capacidad y responsabilidad de quienes adquieran las armas.
Otra inquietud subyace: ¿hasta dónde llega la responsabilidad del Estado de brindar seguridad a la población?, ¿cómo saber que ese armamento —legal— no será utilizado para delinquir, amedrentar, abusar?
Las políticas públicas no se limitan a una modificación en la norma. Deben tener congruencia entre lo que establece la letra y lo que se espera de su ejecución o práctica. Pero debe también haber una coherencia integral: no se puede hablar de que somos un país pacífico donde se fomenta la cultura de paz y el rechazo a la violencia y al mismo tiempo impulsar el uso de armas.
La plata o plomo es la nueva sanguinaria y mortal “genialidad” de la 4t.
Tres en Raya
(1) A nivel mundial no hay un solo caso que demuestre que la portación de armas disminuya la violencia. Aquí un dato entre miles: en Estados Unidos las tasas de suicidio en infantes y adolescentes, es cuatro veces mayor cuando hay armas en sus hogares.
(2) Los funcionarios de Pemex, de CFE, del SAT ¿amenazarán con armas si no pagamos?, ¿dónde estará la diferencia entre los delincuentes que nos roban con armas y los funcionarios que amedrentan con las mismas?
