En los días en que el Poder Judicial está en el ojo del huracán frente a la inminente y mal llamada Reforma Judicial, un ministro de la Corte se exhibe como el mejor ejemplo para exigir la renovación del sistema de justicia en México. Su nombre, Alberto Pérez Dayán.

Sí, se trata del mismo ministro de la Suprema Corte que, con su voto en contra, traicionó el destino de la Reforma Judicial, calificada por siete ministros y ministras como inconstitucional. Se fue del lado del “oficialismo”.

Y ese voto del Ministro Pérez Dayán, modificado por la amenaza, la extorsión o la promesa desde Palacio Nacional de una embajada, fue lo que permitió que, sumado al voto de las tres ministras morenistas -Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz- se le diera luz verde en octubre de 2024, al golpe definitivo para que Morena asumiera -tras un proceso viciado y amañado que se votará el próximo primero de junio- el control del sistema judicial. El gobierno en turno tendría el control del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Hoy, el ministro Pérez Dayán, vuelve al epicentro del debate judicial, al convertirse una vez más en el voto que definirá el rumbo de uno de los litigios fiscales y judiciales más controvertidos a debate en la última década: el del caso del Grupo Elektra y la defensa de lo que se considera un intento del gobierno de la Cuarta Transformación por ejercer -al margen de la Ley- un doble cobro de impuesto que es considerado inconstitucional.

El monto del litigio de la corporación que preside Ricardo Salinas Pliego no es menor. Alcanza los 18 mil millones de pesos. Y el que se paguen o no dependerá del fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vote en los próximos días, en respuesta al Amparo 6321/2024, interpuesto el 14 de agosto de 2024. El litigio deberá resolverse en la Segunda Sala de la Corte y el ponente será, nada menos, que el ahora “ministro oficialista” Alberto Pérez Dayán.

El argumento de Grupo Elektra, documentado en el recurso de impedimento 33/2024 y sometido a la Suprema Corte, establece que el Ministro Pérez Dayán exhibe abierta parcialidad al declarar y tratar de documentar en privado un fallo en contra, pese a que el caso todavía no ha estado sujeto a discusión. Y considerando que el cuestionado jurisconsulto ya exhibió su parcialidad al traicionar el voto inconstitucional de la Reforma Judicial y, con ello, su disposición a operar para favorecer los intereses del gobierno de la Cuarta Transformación, se presume que su actitud rompe el criterio obligado de la imparcialidad al difundir y cabildear abiertamente en qué sentido va su voto. Y ese, el que le diga el gobierno de la Cuarta Transformación.

Para nadie es un secreto -pues él mismo lo presume a sus allegados- que detrás de su entrega al “oficialismo” existe una promesa que le hizo el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, de que sus servicios le serían recompensados con la embajada de México en España. Sí, la misma sede diplomática que hoy ocupa otro traidor, el exgobernador priista Quirino Ordaz, quien entregó el estado de Sinaloa al morenista Rubén Rocha Moya y quien tras la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada tiene sumida a esa entidad en una guerra civil entre los dos bandos del Cártel de Sinaloa -Chapitos y Mayitos- y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero esa promesa no se puede consumar porque el embajador Quirino Ordaz, que conoce todo lo que sucedió con el financiamiento huachicolero de la elección morenista del 2021, podría incomodarse y atreverse a hablar si lo despojan de su beca de oro en la embajada española. Un botín de “traidores”.

Otros de los expedientes que tendrían al Ministro Pérez Dayán secuestrado en su imparcialidad por el gobierno de la Cuarta Transformación incluyen la congelación de litigios sobre acoso que pesan sobre él y sobre su hijo, además de denuncias de malos manejos económicos y de accidentes automovilísticos encubiertos, producto de su ingesta excesiva de alcohol. Sea como fuere, es un hecho que, a partir de aquella traición de su voto en la Reforma Judicial, sus decisiones judiciales son consistentes a los criterios que marca el gobierno de la Cuarta Transformación.

Por eso, la solicitud judicial de que se le declare impedido para conocer y resolver sobre el caso Elektra. Porque el eje del litigio tiene que ver con el criterio inconstitucional de la Miscelánea Fiscal de 2015 y 2017 que impide revertir las pérdidas de la corporación, utilizando el régimen de consolidación fiscal. Lo que reclama la corporación de Ricardo Salinas Pliego es que se analice la inconstitucionalidad del artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, debido a que le otorga a la autoridad el derecho de determinar cobro de impuestos al margen de la Ley.

¿Por qué está impedido el Ministro Pérez Dayán? Porque, de acuerdo al artículo 51, Fracción VIII de la Ley de Amparo y el artículo 39, Fracción XVII del Código de Procedimientos Civiles ha actuado bajo presión del gobierno de la Cuarta Transformación, privilegiando sus intereses y su seguridad personal, a cambio de que le levantaran denuncias penales en su contra.

Porque siendo los juicios de Grupo Elektra los más cuantiosos que hay en la SCJN y así como votó en favor de la Reforma Judicial, replicará su apoyo en favor del oficialísimo, que es la contraparte del litigio para desechar los recursos de Grupo Elektra y permitirle al SAT cobrar impuestos que no le corresponden, y para que la UIF pueda acceder, en contra de lo establecido en la Constitución, a las cuentas bancarias hoy de Ricardo Salinas Pliego y, mañana, de cualquiera que sienta que es su adversario político.

En pocas palabras, el Ministro Pérez Dayán está privilegiando su interés personal por encima de la impartición de justicia.

Hoy, ante la imposibilidad de cumplirle la promesa de la embajada de España, se abrieron negociaciones para buscarle otras sedes diplomáticas -como El Vaticano o Francia- e incluso la oferta de alcanzar una posición de privilegio en el nuevo esquema judicial que se instauraría a partir de la votación del primero de junio.

Está claro cómo la Cuarta Transformación moverá los hilos de la justicia si la reforma es aprobada. Y el caso de la parcialidad del Ministro Pérez Dayán, en el caso de Grupo Elektra, es un claro ejemplo.