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El aguacero de mayo arrebató la agenda del gobierno federal. En la dinámica de la confrontación con la administración de Donald Trump, el gobierno mexicano construía una delicada política que mezclaba negociación con firmeza y sobre esa base promover una cohesión diversa que incluso acrecentó la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero ese encanto se ha desdibujado en mayo. No tanto porque haya tenido éxito Trump en sus arremetidas sino por las debilidades y confrontaciones internas que desajustan los planes del gobierno federal.

El tema arancelario que había generado miedo e incertidumbre se ha ido estancando y perdiendo fuerza incluso como arma de sometimiento. Pero a cambio, por la vía legislativa, se impuso un impuesto a las remesas que inequívocamente pega a la dinámica económica mexicana. Las remesas han sido por años el sostén de familias y de comunidades y el impuesto por aplicar pegará en las transferencias y en los beneficios que acarreaban en nuestro país.

La Presidenta ha dicho que llamará a una movilización para frenar ese impuesto. Suena bien pero sus movilizadores comienzan a desacreditarse. Las mismas dificultades y tropiezos en la promoción de la elección judicial son muestra de los rechinidos de la maquinaria oficial.

Son las divisiones internas las mismas que amenazan la estabilidad política y abren la puerta a las intervenciones por distintas vías de agencias estadounidenses en asuntos mexicanos. Para nadie es un secreto que el principal detractor de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, impedida para entrar a Estados Unidos, es Jaime Bonilla, ex gobernador y ex senador, prominente morenista en esa entidad fronteriza. La posibilidad de que él aporte información en oficinas estadounidenses sobre la vida y propiedades de Ávila no es remota, tal como lo afirman los propios partidarios de la gobernadora.

El principal declarante en EU sobre las complicidades de políticos con el negocio del huachicol fiscal y la distribución y venta de gasolina robada es Julio Carmona, testigo protegido en EU y ex funcionario de aduanas de la 4T, cuyo hermano Sergio, asesinado en 2021, era uno de los personajes más cercanos a la dirigencia nacional de Morena.

El frente interno comenzó a descomponerse. Los gobernadores de la 4T siempre tan sonrientes y acomedidos comienzan a enfrentar conflictos de los cuales no los libera la primera consigna ni la diatriba contra los adversarios del pasado.

La represión a estudiantes del Tecnológico de Balancán exhibió una vez más las debilidades del gobierno de Javier May, quien enfrenta no solo ese tipo de inconformidades sociales sino sobre todo la espiral de violencia que tiene en zozobra a ganaderos, comerciantes, empresarios, agricultores que ven perder violentamente sus patrimonios.

El retiro de la visa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila más allá de las versiones que circundan ha ido rasgando seriamente su fuerza y presencia.

Salomón Jara sometido al tiroteo del fuego amigo ha soltado las amarras de la Sección 22 dominada por los maestros de la CNTE en Oaxaca y a él le cobran muchos de los problemas que ha acarreado la protesta magisterial en la CDMX. No es por ahora el gobernador confiable.

Rubén Rocha sigue agazapado. Sometido en la guerra de cárteles y en la incursión de seguridad federal para tratar de frenar la narcoviolencia, Rocha se mantiene en Sinaloa en medio de la incertidumbre con una circunstancia de afectación a agricultores, turismo, pescadores y miedo y pesadumbre ciudadana.

El más grave asunto es el ocurrido en la Ciudad de México. El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz fue un durísimo golpe al gobierno de Clara Brugada. El aturdimiento sigue. Los datos iniciales de cómo ocurrió el crimen, las rutas de escape de los autores materiales y la ejecución del acto que supone una preparación bien armada validan la vulnerabilidad de esta administración.

Gobernadores tocados. Apenas un ejemplo del deshilado. Desde las regiones suenan las advertencias.

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