EL EQUIPO DEL secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salió ayer mismo a defender la noción de que, en un contexto donde Washington enarbola el proteccionismo y en el que tiene lugar una reconfiguración del sistema económico global, México ha logrado mejores condiciones para comerciar con Estados Unidos que cualquier otro país del mundo.
A diferencia de casi la totalidad de los países del orbe, la Unión Europea, que preside Ursula von der Leyen, o China, que gobierna Xi Jinping, México no cuenta con aranceles recíprocos, por lo que cerca de 90% por del comercio con la Unión Americana está libre de aranceles.
Tampoco paga aranceles para las autopartes y estos avances han sido conseguidos durante las ocho visitas que ha realizado Ebrard a Washington, o en numerosas conversaciones telefónicas y videoconferencias, incluidas las de los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump.
Dichas reuniones continúan para conseguir mejores condiciones, aún en los temas pendientes.
Los aranceles que persisten al aluminio y al acero los pagan todos los países, no solo México; también aquellos a los autos, pero México se beneficia de descuentos por lo integrado de su industria automotriz con la de Estados Unidos.
En el cabildeo con la Casa Blanca, General Motors, que encabeza Mary Barra; Ford, que dirige Jim Farley, y Stellantis, al mando de Antonio Filosa, principalmente, han coordinado esfuerzos con el gobierno de México.
“Marcelo no miente”, señala su equipo, “porque no está prometiendo que se volverá al paradigma del libre comercio de los noventa. No sería posible porque entonces era el propio gobierno de Estados Unidos el promotor del libre comercio a ultranza cuando ahora es lo opuesto: el paladín del proteccionismo”.
Lo que Ebrard postula es que en un sistema de “desventajas comparativas”, donde todos los países tienen algún tipo de arancel, México puede conseguir un mejor acuerdo que sus competidores y beneficiarse del nuevo sistema económico en construcción.
Un sistema donde los bloques regionales tendrán mucho mayor peso y se ponderará la seguridad, y en el que nuestros vecinos buscarán tener cadenas de suministro en sectores como microprocesadores o farmacéuticos más cercanos a casa, y no en países que son adversarios geopolíticos.
BANOBRAS, QUE DIRIGE Jorge Mendoza Sánchez, entró al quite en el conflicto legal entre el gobierno de Quintana Roo y la concesionaria de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, Aguakan. La administración de Mara Lezama y la empresa dirigida por Paul Rangel Merkley escalaron a tal grado la disputa, que la primera giró órdenes aprehensión no sólo contra éste último, sino contra el presidente del Consejo de Administración, Jorge Ballesteros, y los accionistas principales del Grupo Bursátil Mexicano (GBM), Diego Ramos y Enrique Rojas. Esa ofensiva legal, enderezada por el despacho de Guillermo Barradas y El Chino Roberto García los obligó a dejar sus asientos en el Consejo de Aguakan para atender su defensa, que dejaron en manos de los también litigantes Alberto Zínser y José Zapata. En el ínter, ambas partes, Lezama y Aguakan, acordaron establecer un stand-still para dar entrada a Banobras a fin de que adquiera la compañía, la administre temporalmente y la venda a un tercero. El éxito de esa salida a la controversia va depender del precio que acepten los privados. Ellos valuaron la compañía en cerca de 16 mil millones de pesos y Mara les había ofrecido 4 mil millones.
TERMINARON LAS SUBASTAS en reversa con las que Birmex asignó 575 claves. La empresa estatal que dirige Carlos Ulloa tenía un presupuesto de unos 45 mil millones de pesos, pero se cree que ese techo quedó altísimo, dado que los laboratorios se tiraron al piso con ofertas. Fácilmente el gobierno de la 4T habría obtenido ahorros de hasta 50%. Cosa de ver, por ejemplo, que una caja de Omeprazol de 14 piezas que se venía comprando en 9.80 pesos se cotizó en 4.60 pesos, sin duda una victoria en términos de mejoras de precios. El problema es que los grandes ganadores fueron las empresas chinas e indias, que incurren en dumping. Una de ellas es Amarox, que tiene de socio local a Roquigama, de Octavio González, que se llevó un buen número de partidas. Hay malestar en los laboratorios nacionales por ese desplazamiento, tanto, que se exigió aplicar el llamado “margen de preferencia” a mexicanos. Esto es, si su precio es 15% más alto se les finca el contrato. En la junta de aclaraciones se había establecido que no se echaría mano de él, pero en la víspera Birmex mandó un oficio señalando que sí va. La industria nacional presiona para que se les “recete” a los laboratorios chinos e indios, precisamente. Y no con aquellos países con los que tenemos tratados comerciales.
LE DECÍAMOS HACE unos días de la retirada de algunas multinacionales energéticas como respuesta a la reforma obradorista que va en sentido contrario a la de Enrique Peña Nieto. Esta semana se conoció que la angloholandesa Shell, que preside Wael Sawan, vendió a ICONN sus gasolineras. Se trata de la empresa de Luis Chapa, dueño de la franquicia maestra de las tiendas de conveniencia 7-Eleven y las estaciones de servicio Petro Seven. La estadounidense Valero Energy, que comanda R. Lane Riggs, podría seguir sus pasos, luego de que el gobierno de la 4T le suspendiera la importación de combustibles. Sempra Energy, de Jeffrey Martin, está desinvirtiendo su negocio de distribución de gas natural; Acciona, de Manuel Entrecanales, algunas plantas fotovoltaicas en Tamaulipas; Engie, de Catherine MacGregor, algunas renovables.
PUES NADA, QUE ayer en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia se bajó en el último momento la discusión de la recusación del ministro Alberto Pérez Dayán en la votación del amparo promovido por Elektra en contra del SAT. Ricardo Salinas Pliego no quiere que el togado intervenga por su parcialidad. El asunto es que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena pidió tiempo para estudiar mejor su voto.