Carlos Torres Torres, el esposo de la gobernadora de Baja California, el primero cuya visa B1/B2 fue revocada por el Gobierno de los Estados Unidos cuando aproximadamente el 30 de abril intentó cruzar la frontera internacional por la garita de San Ysidro, aspira a ser candidato de Morena a la alcaldía de Tijuana en la elección de 2027.
Sus correligionarios partidistas lo saben y también está enterado el presidente municipal de la ciudad, Ismael Burgueño, quien le ofreció, al igual que la gobernadora Marina Ávila Olmeda, un cargo “honorífico” para que se placeara políticamente por el municipio que aspira a encabezar. Cuando le preguntan en público sobre sus aspiraciones, Torres Torres suele responder: “Estoy apoyando a la gobernadora; en el 2027, no sé. Ahora estoy apoyando a la gobernadora”, sin negar su deseo de participar con el color guinda en el próximo proceso electoral.
Respecto a la política pública que emitió la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que no se concedan candidaturas en su partido Morena basadas en el nepotismo, el esposo de la gobernadora justifica que dicho principio a él no le aplica, pues ni es familiar directo de la mandataria estatal, ni quiere el mismo cargo, sino una alcaldía; la de la ciudad más poblada y más relevante en términos económicos de Baja California.
El hecho es importante en estos días porque, debido a una investigación de la cual Carlos Torres Torres es sujeto en los Estados Unidos, a saber por fuentes del Departamento de Estado, por lavado de dinero y conspiración para la comisión de delitos, de manera colateral a la gobernadora, su esposa, le fue revocada la visa de turista otorgada por aquel país, no sin haber aportado elementos propios para la decisión tomada por el Departamento de Estado, como frenar la búsqueda de cuerpos en una denunciada zona de fosas clandestinas en Tijuana.
De continuar con su aspiración y de lograr la candidatura por Morena por el hecho de ser el esposo de la gobernadora, Carlos Torres quiere convertirse en el primer alcalde de Tijuana sin visa para viajar a los Estados Unidos, que administraría la ciudad reconocida como la “frontera más transitada del mundo”, con un promedio de 21 millones de cruces anuales entre vehiculares y peatonales, de acuerdo al Departamento de Transporte de los Estados Unidos.
Carlos Torres ya quiso dirigir Tijuana en la elección de 2010, cuando fue candidato del Partido Acción Nacional (PAN), instituto político en el cual fue líder de las juventudes albiazules, mismo que le dio dos diputaciones, una federal y una local. La alcaldía la perdió contra un priista. Pero, considerando que Morena ha ganado el carro completo en las elecciones de Baja California desde el 2018, en febrero de este 2025, el primer caballero del Estado se afilió formalmente al partido que llevó a su esposa al gobierno de Baja California en 2021.
El oportunismo político de Torres y su rol protagónico en la Administración de su esposa, lo llevaron a ser no solo a él, también a su hermano Luis Alfonso, figuras prominentes en acuerdos para el desarrollo de obras en la entidad, y también, a ser parte de dos investigaciones, una en Estados Unidos por los delitos ya señalados, y otra en México, radicada en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR, por evasión fiscal, huachicoleo, corrupción, faltas a la Ley de Hidrocarburos, entre otros.
Los Torres han terminado por hundir a la gobernadora de Baja California, y de paso al partido en el poder. Un testimonio en la carpeta de investigación de la FEMDO dio cuenta de la participación de los hermanos para la introducción ilícita de diésel y otros productos, a territorio mexicano por la aduana del puerto de Ensenada. El señalamiento se refuerza con la “experiencia” del cuñado de la gobernadora en la materia.
Luis Alfonso Torres Torres, a diferencia de su hermano, no ha aspirado a cargos de elección popular, pero sí ha sido funcionario público, de manera particular, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, cuando ambos hermanos no habían traicionado al PAN, y Carlos era el ahijado político y de facto del ahora expresidente de la República.
El cargo más relevante que tuvo Luis Alfonso Torres fue el de Administrador de la Aduana de Tijuana de marzo de 2010 a marzo de 2013. Su participación fue polémica porque a su paso dejó secuelas como mafias en los patios fiscales y procedimientos aduaneros extraoficiales, según lo refirió en su momento el sucesor del ahora cuñado de la gobernadora de Baja California.
La traición de los Torres al PAN comenzó en el año 2019, cuando Carlos Torres Torres, siendo diputado albiazul en el Congreso Estatal de Baja California, cabildeó entre sus pares y votó a favor de la infame Ley Bonilla, aquella que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que le daba al exgobernador Jaime Bonilla Valdez cinco años de Administración pública, en vez de los dos para los cuales fue electo ese mismo 2019.
Meses después de la traición al PAN, Torres contrajo nupcias con la entonces alcaldesa de Mexicali, hoy gobernadora, Marina Ávila Olmeda, y su vida política cambió. El expanista tomó un papel principal en la Administración de su esposa al cual no ha renunciado a pesar de las investigaciones que sobre él pesan en los Estados Unidos y en México, y que han dado al traste a la gestión de su mujer, quien como dice el lema morenista, hará historia al convertirse en la primera gobernadora en funciones del país, a la cual le es retirada la visa para ingresar a los Estados Unidos.
Sin embargo, a pesar del historial en revisión de los Torres, el miércoles 14 de mayo la gobernadora ratificó en su cargo de coordinador de proyectos estratégicos a su esposo, en un momento en que ya se sienten en Baja California los estragos de tener una mandataria sin visa. No defendida abiertamente por la presidenta de la República, como sí lo hizo en diversas ocasiones, por ejemplo, con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con la incertidumbre de los acuerdos colaborativos de la gran región binacional que integran California, Estados Unidos y Baja California, México.
Entre otros asuntos que ahora se complican está el programa insigne de turismo de Marina Ávila, titulado Welcome to Baja California, porque está orientado a atraer el turismo estadounidense, por lo que la gobernadora realizó giras por la Unión Americana para atraer, además, inversión. Para darse una idea, del total de la Inversión Extranjera Directa al Estado, el 66% proviene de los Estados Unidos, con un monto total de 1.649 millones de dólares en 2024 de acuerdo a la Secretaría de Economía del gobierno de la República. Ya sin visa, con la confianza perdida dadas las investigaciones penales en su círculo más cercano, Marina Ávila tiene prohibido entrar a los Estados Unidos, al menos de manera legal, para seguir promoviendo el Estado que intenta gobernar.
De rebote, las investigaciones que pesan sobre los Torres le pegan al partido Morena, donde, al menos a la fecha, tampoco han hecho una férrea defensa de la gobernadora en desgracia internacional ni han emprendido medidas para alejar el lastre de los Torres de su campaña política.
El esposo de la gobernadora no ha tenido el talante para distanciarse de la Administración pública en Baja California, y aun con la sospecha de la comisión de delitos en dos países, se mantiene en posiciones honoríficas tanto en el Estado como en la ciudad de Tijuana, dejando una estela de incertidumbre en las relaciones que establece con representantes de la iniciativa privada, y en inversiones con la intermediación de su hermano, que al ser también investigado, podrían acarrearles la revocación de la visa a quien con ellos se asocie.
Una parte de la comunidad bajacaliforniana ha convocado a una manifestación contra la Administración de Marina Ávila a raíz de la revocación de la visa, y ello la limita en su rango de acción en la región binacional, además por el hecho de que fue quien frenó la búsqueda de desaparecidos en una zona utilizada como fosa clandestina por un cartel de las drogas. A la par, voces de la oposición nacional, en el Senado de la República, en los partidos políticos y en la región noroeste de México, han solicitado la dimisión de la gobernadora, hecho que ni ella, ni su partido, ni la presidenta, han enfrentado públicamente.
El problema es que ambas investigaciones, la de Estados Unidos y la de México, en proceso e integración, han tenido como primera consecuencia de gravedad la revocación de visas a la gobernadora y su esposo, sin determinar aún cuáles serán los resultados finales. Ahora, lo que se anticipa es un gobierno sin solvencia moral, sin credibilidad ni confianza y bajo investigación que, desde Baja California, cimbró los fundamentos de Morena en la figura de la primera mujer electa gobernadora en el norteño estado y la primera, en la historia del país, a la cual ya le fue contundentemente negado su ingreso a territorio estadounidense.